«Nos interesa saber si la contaminación de El Hondón puede estar afectando al Medio Ambiente o a la salud de las personas». Con estas palabras, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, avanzó ayer que la Fiscalía reabrirá el caso por la contaminación de las aproximadamente 108 hectáreas focalizadas en los terrenos de El Hondón donde estuvo afincada la fábrica de Potasas y Derivados.

El Ministerio Público archivó la causa en 2016, aunque ahora la retomará tras conocerse hace una semana que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) incluyó esta zona en uno de los seis únicos espacios de España con riesgo radioactivo, en este caso por la presencia de lodos de fosfatos con Uranio-238.

El fiscal señaló, en palabras a Onda Regional, que se debe investigar si esos terrenos pueden afectar a la población y al medio ambiente bien por emisiones al aire, a la atmósfera, o por el peligro de que pueda existir un acceso a la parcela por el que entren los ciudadanos o que pueda afectar al suelo y al subsuelo de la zona.

De hecho, Díaz Manzanera explicó que, a su juicio, se podría plantear la existencia de un delito por sustancias tóxicas por la obligación de los responsables de tener los terrenos en perfectas condiciones, según se establece en el Código Penal. Asimismo, el fiscal superior también contempló ver si las responsabilidades por el vertido están prescritas o no. Y es que, la empresa cesó su actividad en 2001 y, desde entonces, apenas nada se ha hecho para solucionar el problema en los terrenos tanto por parte de los antiguos propietarios como por parte de las administraciones.

«Deben darse respuestas», dijo Díaz Manzanera también en declaraciones a la Cadena Ser. «La administración debe tomar medidas para que el responsable de los terrenos evite que el suelo esté en esas condiciones; es un procedimiento regulado», añadió. Finalmente, el fiscal argumentó que «debe verse en vía administrativa y, si procede, también en vía penal».

No obstante, desde el Ayuntamiento de Cartagena siguen con su plan de acción. Así, confían en poder disponer en breves fechas del visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente para poder vallar los terrenos. Y es que, según el informe que remitió el CSN a la administración regional, considera que podría ser suficiente con el vallado de la zona para asegurar la restricción de los usos de la parcela y evitar así, que haya presencia frecuente en el emplazamiento.

Propiedad de los terrenos

Propiedad de los terrenosHasta hace pocos meses, parte de los terrenos eran propiedad de Solvia, por lo que correspondía a la empresa proceder al vallado de los terrenos. El Ayuntamiento redactó un anteproyecto para llevar a cabo los trabajos, aunque no se dio ningún paso al respecto. El Consistorio adquirió las parcelas de Solvia y volvió a redactar una memoria elaborada con propuesta de cerramiento vallado, puesto que ya es titular de los terrenos. Además, ha vuelto a solicitar informes a todos los organismos afectados, concretamente con fecha 20 de septiembre de 2018, sin que hasta ahora se haya recibido contestación.

«Tan pronto se reciban dichos informes, y con las consideraciones que los organismos competentes nos indiquen, el Ayuntamiento procederá al vallado ya que dispone de partida presupuestaria para ejecutarlo en este mismo ejercicio», concluyó la alcaldesa Ana Belén Castejón.

Mientras que no se reciben estas autorizaciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo medidas urgentes, entre las cuales se incluye el arreglo y refuerzo de la puerta de acceso principal, y la instalación de carteles que advierten de la existencia de residuos peligrosos en lugares donde pueden acceder peatones.