Las quejas de la Asociación en Defensa del Patrimonio, Daphne, y de MC Cartagena sobre el estado de Villa Calamari, conocida también como Palacete Versalles, han motivado que el Defensor del Pueblo haya tomado cartas en el asunto. Y es que, tal y como publicó ya LA OPINIÓN en mayo, la formación cartagenerista recurrió al organismo estatal ante la inacción de las administraciones respecto al inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2012.
Así, el Defensor del Pueblo ha pedido información al Ministerio de Cultura para conocer la situación real de Villa Calamari tras la aparente falta de conservación y los episodios de expolio e incendios que ha sufrido el inmueble desde su catalogación como BIC. De hecho, el departamento del Gobierno central ya ha solicitado los informes correspondientes al Consistorio cartagenero y la Dirección General de Bienes Culturales de la Región para poder remitírselos al Defensor del Pueblo para que confeccione su informe.
Solicitan abrirlo al público
Una de las cuestiones defendidas por Daphne es la obligatoriedad recogida en la Ley de Patrimonio de la Región de permitir visitas a cualquier BIC, al menos, cuatro veces al mes. En este sentido, el colectivo reconoce que se han llevado a cabo trabajos de conservación y un plan de mantenimiento del inmueble, pero es insuficiente para permitir las visitas públicas a las que obliga la normativa autonómica, por lo que no se cumple la Ley.
Hace escasos días, una rueda de prensa de MC junto a su coordinadora de patrimonio, María Dolores Ruiz, quien preside Daphne, puso el foco sobre la situación del patrimonio en la ciudad y habló de que la formación cartagenerista estudia la posibilidad de llevar la situación de Villa Calamari a la Fiscalía ante un posible delito de expolio por omisión de las distintas administraciones. Misma situación que en los casos del Monasterio de San Ginés de la Jara, las ermitas del Monte Miral, la batería de Fajardo, el castillo de Despeñaperros o la Catedral antigua, entre otros.
Y es que, según el Tribunal Constitucional, impedir la visita pública está ligado al expolio de un bien, lo que ya ha sido comunicado anteriormente a la Dirección General de Bienes Culturales y a la propia Consejería, según aseguran desde Daphne.
Ahora, los informes solicitados por el Defensor del Pueblo deberán determinar si se ha producido el expolio en el inmueble y si se está incumpliendo la legislación.
Según el colectivo en defensa del patrimonio, en caso de que se determine el expolio en Villa Calamari, el Ministerio debe ordenar al propietario a que lleve a cabo los trabajos necesarios para evitar esta situación. En caso de que el dueño de la finca no realizase estas actuaciones, debería ser la Comunidad y el Gobierno central los que se responsabilizaran de las obras de conservación, apuntan desde Daphne.
Desde el Ayuntamiento señalan que el estado de Villa Calamari es «lamentable tras años de abandono, expolio e incluso incendios», aunque reconocieron que desde la Dirección General de Bienes Culturales han establecido una serie de medidas mínimas de conservación.
No obstante, precisan que se trata de una propiedad privada y que las competencias sobre el BIC las tiene la Comunidad Autónoma.
