26 de septiembre de 2018
26.09.2018
La Opinión de Murcia

Ayuda

Más de 200 familias cartageneras solicitan una vivienda social

El perfil predominante de los demandantes es el de unidades en las que existen ingresos más o menos estables, pero que son insuficientes para sufragar un alquiler

25.09.2018 | 19:58
Más de 200 familias cartageneras solicitan una vivienda social

El Ayuntamiento ofrecerá casas por una renta de 100 euros al mes

Un total de 201 familias cartageneras han solicitado apuntarse al registro municipal de demandantes de vivienda protegida para optar a una casa social en régimen de arrendamiento. Esta lista, que ha sido creada de forma pionera por el Ayuntamiento, que dirige la socialista Ana Belén Castejón, tiene como objetivo dar a conocer la necesidad real de vivienda que hay en el municipio, así como que los ciudadanos necesitados conozcan los recursos que hay disponibles; en especial aquellos con rentas muy bajas, que no pueden acceder al mercado de alquiler, que cada día se encarece más debido a la escasa oferta.

El perfil de los solicitantes es el de matrimonios o parejas de hecho con menores a su cargo, familias monoparentales, personas mayores que viven solas, multifamilias (diferentes familias que viven juntas) e inmigrantes, mayoritariamente de origen marroquí, aunque también hay hispanos, en menor cantidad. Según el Consistorio, el perfil predominante es el de unidades familiares donde existen ingresos económicos más o menos estables, pero que son insuficientes para cubrir gastos básicos, entre ellos, los de arrendamiento de vivienda; con una media de tres menores a cargo y, en ocasiones, también con personas dependientes. Asimismo, fuentes municipales destacan la afluencia de solicitudes procedentes de diputaciones, en detrimento del área metropolitana.

La alcaldesa, que también es concejala del Área de Servicios Sociales e Igualdad, explicó en mayo de este año, cuando presentó la creación de este registro municipal de demandantes de vivienda protegida, que las familias necesitadas pagarán 100 euros al mes por este alquiler social.

De los más de 200 solicitantes, solo han sido aceptados a trámite en el listado provisional 57 demandantes. El resto, 144 familias, están pendientes de que se subsane alguna incidencia en su solicitud, informa el Consistorio. No obstante, todos los demandantes no tendrán acceso a una de las viviendas que ofrece la Administración local. Ya que, en una nota publicada por el Ayuntamiento en junio, éste informaba de que disponía de 39 casas sociales. Y, por entonces, 31 ya estaban ocupadas. En mayo, de las ocho disponibles, seis habían sido rehabilitadas y dos más estaban pendientes de reformarse. LA OPINIÓN contactó con el Ayuntamiento para conocer la cifra exacta de viviendas municipales que hay disponibles en estos momentos, pero el Ejecutivo local no pudo ofrecer ayer ese dato.

De todos modos, el Consistorio informó por entonces de que podrían quedar libres más inmuebles, como consecuencia del proceso de regularización que se lleva a cabo en las viviendas sociales de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la Consejería de Fomento señala que dispone de 310 casas en el municipio, pero todas se encuentran ocupadas. La Administración regional expone que la lista de espera de ocupación la gestiona el Consistorio. Por otra parte, la Comunidad destina a las asociaciones sin ánimo de lucro Cáritas y Columbares sendas subvenciones que contribuyen a pagar el alquiler de las familias sin recursos. Desde el año 2004, en la Región han ayudado a 533 familias con ayudas mensuales de hasta 750 euros en un plazo máximo de un año.

Según fuentes municipales, para adjudicar las casas se va a realizar un estudio individualizado de cada situación, con el fin de valorar cada expediente adecuadamente, poner en valor este recurso y realizar un diagnóstico en profundidad de la necesidad de vivienda en el municipio. Con ello el Área de Servicios Sociales pretende innovar con nuevos recursos y alternativas a la problemática de vivienda que existe en el municipio. Además, recalcaron que será condición indispensable que los menores estén escolarizados y que los adultos realicen cursos de inserción laboral, si están desempleados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook