El anteproyecto de ordenanza del taxi adolece de una serie de medidas necesarias para el partido local Cartagena Sí Se Puede (CTSSP). Francisco Martínez, concejal de la formación morada, afirmó ayer que el documento «es manifiestamente mejorable». Y es que, para el edil, esta ordenanza debería haberse aprobado a finales del año 2015, por lo que llega «con tres años de retraso» y sin las reformas necesarias, añadiendo «todo lo dispuesto en la ordenanza anterior sin apenas desarrollar las competencias del Ayuntamiento que le permite el nuevo marco legal».

Desde CTSSP afirmaron que los requisitos que debería cumplir el servicio del taxi son, entre otros, que el vehículo se adapte a las nuevas tecnologías y que garantice el transporte gratuito a los perros lazarillos u otros que asistan a personas con movilidad reducida. Asimismo, también requiere infraestructuras que favorezcan a la circulación, planes de mejora de movilidad de los taxis, horarios semanales y descansos similares al del resto de trabajadores de otros sectores profesionales, medidas que favorezcan la compra de taxis eléctricos, así como la instalación de cargadores en las paradas de taxis.

La formación morada también exigió al Ayuntamiento que fije el número de licencias necesarias para atender al municipio, que actualmente cuenta con 253. El edil Martínez afirmó que elevarán estas y otras sugerencias a la mesa del taxi, para lo que pidió su convocatoria a la alcaldesa, Ana Belén Castejón. En caso de que la regidora haga caso omiso a la petición, presentarán las propuestas ante la Comisión de Hacienda.

El concejal de CTSSP consideró que es necesario convocar al menos un encuentro previo de todos los grupos políticos para que las asociaciones y sindicatos del taxi y el resto de partidos locales puedan realizar sus propuestas para que la ordenanza que presenten al pleno «goce del mayor consenso posible».

Asimismo, Martínez sostuvo también que la ley regional del PP «lejos de solucionar los problemas del sector los agrava enormemente», favoreciendo la transmisión de las licencias públicas, lo que provoca que «se especule» con «un bien público».