Los vecinos de la urbanización de Mojon Hills en Isla Plana están sufriendo un auténtico calvario por la presencia de okupas en seis viviendas del complejo. Han sufrido amenazas de muerte, intimidaciones, robos de enseres, pinchazos en las ruedas de sus coches, e incluso han tenido que clausurar la piscina porque las personas que ocupan ilegalmente estas viviendas han defecado en ella. Al parecer, la propiedad de estas viviendas pertenecería a una entidad bancaria, aunque, afirman, se ha desentendido de la urbanización.
La presidenta de la Junta Vecinal de Isla Plana-La Azohía, María Dolores Díaz, de Ciudadanos, ha estado en permanente contacto durante las últimas semanas con algunos de los vecinos que están soportando esta situación y ha recabado la documentación necesaria para trasladarla al Ayuntamiento. Por su parte, el grupo municipal remitió ayer toda la información de que dispone a la Alcaldía y a la Concejalía de Seguridad y solicitó que se compruebe la titularidad de las casas ilegalmente ocupadas y se inste a los actuales propietarios a tomar las medidas legales oportunas y a aumentar, en la medida de lo posible, la presencia policial en la zona para garantizar la tranquilidad de los vecinos.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Manuel Padín, recordó que ya en mayo de 2017 remitió al Ayuntamiento la necesidad de actuar ante el abandono de ésta y otras urbanizaciones.
Según destacó la formación naranja, algunos vecinos de la zona estuvieron hasta la madrugada de ayer tratando de 'negociar' con los okupas la devolución de algunos objetos robados. «Es algo esperpéntico que los vecinos tengan que exponerse de esta manera», señaló Manuel Padín que ha pedido al concejal de Seguridad, Francisco Aznar, que se persone cuanto antes en esta urbanización y atienda a sus residentes. Asimismo, pidió la presencia de algún representante del Ayuntamiento en la reunión convocada para el viernes 24 de este mes, a las 18.00 horas, entre el administrador de fincas y los vecinos de la urbanización afectada para analizar la situación.
Desde Ciudadanos mostraron su preocupación por el fenómeno de la ocupación ilegal y violenta, ya que lejos de desaparecer esté aumentando en Cartagena. «Ya se han detectado casos en Los Nietos, donde existen narcopisos frente a un colegio público; en La Palma, en la barriada Virgen de la Caridad, Barrio Peral, Pozo Estrecho, La Aljorra, en la zona de La Serreta, en La Palma, El Portús, y ahora en Isla Plana, entre otras zonas del término municipal», detalló Padín, quien recriminó a PSOE y Podemos que votaran en contra del plan contra la okupación ilegal y violenta presentado por Ciudadanos en el pleno de abril de 2017.
El plan municipal para Cartagena
Según informó el portavoz de la formación naranja, «desde entonces, estamos en conversaciones con PP y MC, formaciones que se abstuvieron en la votación, para reactivar y volver a llevar a pleno este plan que no tiene otro objetivo que poner freno a la dimensión violenta y mafiosa del fenómeno de la okupación en Cartagena».
La propuesta que Ciudadanos pretendía poner en marcha en Cartagena incluía un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal y violenta que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.
En el marco de esta oficina, una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales coordinaría las acciones de vigilancia e instruiría los expedientes administrativos necesarios para acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana, de manera que sirviera como prueba en los procesos judiciales pertinentes. Las denuncias vecinales se recogerían en un punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación.
El plan también solicitaba el refuerzo de la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la okupación y que en el plazo máximo de tres meses se iniciaran los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas okupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de okupación, diferenciando claramente las mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad.
