Las normas transitorias validan las alegaciones para reactivar la construcción

El hecho de solventar estas reclamaciones permite acercar aún más la reactivación urbanística de la ciudad. La construcción de hasta 600 viviendas en el núcleo urbano y la ampliación de factorías industriales en el Valle de Escombreras está paralizada desde que en 2016 una sentencia del Tribunal Supremo anulase el PGOU que había vigente, publicado en 2012, debido a una reclamación del empresario cartagenero Tomás Olivo. A raíz de esto, el mapa urbanístico de la ciudad se está rigiendo sobre el Plan de 1987, lo que ha generado una parálisis sin precedentes.

Las normas transitorias tienen un carácter temporal mientras se elabora el nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Son fruto de un trabajo conjunto entre la Administración local y regional. Este texto que actualiza el Plan de 1987 se sometió a exposición pública al tratarse de la ordenación de suelo municipal.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, exigió ayer al Gobierno regional un «compromiso firme» para que las normas transitorias estén aprobadas en septiembre.

Castejón espera que estas normas sean refrendadas al inicio del nuevo curso político por el Consejo de Gobierno, para que puedan entrar en vigor y desbloquear proyectos empresariales para Cartagena por valor de 130 millones de euros. «Tenemos tres proyectos industriales en el Valle de Escombreras a la espera de la aprobación de las normas transitorias, así como otros 13 residenciales», señaló la regidora de la ciudad. Asimismo, Castejón criticó que «las normas transitorias deberían haber entrado en vigor como mucho el día 20 de mayo. El Gobierno autonómico ha perdido dos meses y aún no tenemos fecha para su puesta en marcha».

Por su parte, la secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructura, Yolanda Muñoz, destacó ayer en Cartagena que el Gobierno regional «ha trabajado desde el primer minuto en dar una solución inmediata a los vecinos y empresarios cartageneros con el fin de dar seguridad jurídica a sus viviendas y actividades económicas ya desarrolladas, y fortalecer el desarrollo económico y social de la ciudad».

Muñoz anunció que este documento será evaluado por el Consejo Jurídico, que «dará la máxima legitimidad jurídica». Así, considera imprescindible ese estudio, pues «es la primera vez que ponemos en marcha este instrumento urbanístico» y con el precedente de la nulidad del Plan General de 2012, «queremos tener todas las garantías legales para el suelo urbano de Cartagena». Según la Administración regional, este instrumento fue propuesto por la Comunidad con un triple objetivo: garantizar la seguridad jurídica, proteger el patrimonio histórico-cultural y el medio ambiente y preservar la actividad económica y residencial del municipio.

Muñoz explicó también que este proceso ha permitido aclarar el impacto de las normas sobre demandas concretas de las personas porque, indicó, «nos encontramos con dudas de vecinos más que alegaciones propiamente dichas». «Todas las alegaciones de suelo urbano se han admitido», afirma la secretaria general, quien señala que «la mayoría de alegaciones hacen alusión a temas que se solventan con la revisión del Plan General y, por tanto, están fuera del alcance de esas normas».