Fueron pocas pero decididas. Algo menos de una veintena de personas se reunió ayer en la puerta del Estadio Municipal Cartagonova para clamar por la «justicia gratuita» y «para todos» a través de la tercera marcha organizada con este motivo. La concejala del área de Calidad de Vida y Bienestar, Obdulia Gómez, fue una de las que acudió a la cita para mostrar el apoyo por parte del Ayuntamiento.
Este evento coincide con la celebración, el pasado jueves, del Día de la Justicia Gratuita, una jornada en la que el Colegio de Abogados de Cartagena instaló un punto informativo en su sede de Reina Victoria para dar a conocer a los ciudadanos sus derechos.
Además, este año viene marcado por una serie de reivindicaciones de la Abogacía en torno a la petición de «más medios económicos, materiales y personales que permitan atender este servicio público con mayores garantías».
Dentro de su manifiesto piden asistencia jurídica gratuita sin carencias con las reformas que sean pertinentes, un Pacto de Estado por la Justicia «para garantizar los derechos de los más desfavorecidos», la formación permanente de los profesionales del sector y el compromiso con medidas de igualdad de género, entre otros puntos.
Un complejo para los abogados
La eterna petición de la Ciudad de la Justicia en Cartagena volvió a retumbar ayer en el manifiesto que leyó el decano de abogados, Antonio Navarro Selfa. Y es que los letrados entienden que se trata de «una infraestructura imprescindible a fin de que la Administración de Justicia funcione correctamente y el Partido Judicial no quede definitivamente estrangulado».
Critican «la dispersión de sedes judiciales por toda la ciudad» y se dirigen al Ayuntamiento para solicitar «que convoque a la mayor brevedad la Mesa de la Justicia». Asimismo, los firmantes del manifiesto aprovecharon para recordar «la aspiración de disponer de un Juzgado de Menores, uno de lo Mercantil y un juzgado especializado».
Navarro Selfa recordó también que «Cartagena y su comarca, con más población que dos tercios de las capitales de provincia de España, no puede disponer de menos servicios judiciales que las mismas por el hecho de no serlo».
