Los cinco policías nacionales condenados el pasado octubre a cuatro años de cárcel por la detención ilegal y la muerte por imprudencia de un vecino de Cartagena, cuyo cadáver fue encontrado en la playa de Cala Cortina dos semanas después de su desaparición, tienen diez días para ingresar voluntariamente en prisión.
Así se recoge en una resolución del magistrado-presidente del jurado popular, que les concede ese mismo plazo para que depositen los 390.000 euros que aún deben abonar como indemnización a la hija y a los cinco hermanos de la víctima.
El magistrado advierte a los agentes de que si no entran en la cárcel en ese plazo, podría dictarse contra ellos orden de detención.
En cuanto a las indemnizaciones, les indica que como fueron condenados a pagar 450.000 euros y habían adelantado solo 60.000, si no pagan el resto en las fechas señaladas, se acudirá a la vía de apremio.
La resolución comenta que si son insolventes, las indemnizaciones tendrán que ser afrontadas por el Estado como responsable civil subsidiario.
Dispone también en cuanto a los dos años de inhabilitación especial para formar parte de cualquier cuerpo de seguridad del Estado, que fueron condenados a librar oficio de ello al Ministerio de Administraciones Públicas a los efectos oportunos.
Los agentes han sido citados a través de sus procuradores para el 12 de julio con el objeto notificarles formalmente esos requerimientos.
Todas estas medidas han sido acordadas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestimara el pasado marzo el recurso presentado por la abogacía del Estado y uno de los acusados contra la indemnización de 50.000 euros fijada para cada hermano del fallecido, Diego Pérez.
El abogado del Estado sostuvo en la vista que estaba de acuerdo con los 200.000 euros concedidos a la hija de aquel, pero no con la reconocida a sus hermanos, ya que no consideraba probado el vínculo que debía haber existido para que naciera ese derecho.
Los cinco policías fueron condenados en juicio de conformidad en octubre de 2017 a dos años de prisión por un delito de detención ilegal y a otros tantos por homicidio por imprudencia.
Los agentes reconocieron que el 11 de marzo de 2014 recogieron a Diego Pérez en su domicilio y lo trasladaron en un coche policial hasta Cala Cortina, cerca del casco urbano, donde lo dejaron a su suerte y en cuya playa fue hallado su cadáver dos semanas más tarde.
