«La primera obra que tiene que emprender el Ayuntamiento es la de recuperar la senda de la legalidad municipal». Con estas palabras inició el secretario de la Asociación de Defensa de los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), Martín Rodríguez, el comunicado en el que el colectivo expuso las razones por las que ha presentado una reclamación administrativa a los presupuestos municipales de este año y que se suma a las comunicadas por MC y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP).

Rodríguez explicó, en una rueda de prensa acompañado por el presidente de la asociación, Marcelo Correa, y el concejal de Ciudadanos en Lorca, Antonio Meca, que el Ayuntamiento no ha incluido en las cuentas municipales el servicio del agua, ni del alcantarillado. «Nada, ningún ingreso ni gasto del agua, como si no existiera el servicio», criticó.

Y es que, para el colectivo, tanto el servicio del agua como el alcantarillado son «de titularidad municipal» y en el presupuesto «deben estar los ingresos por los recibos del agua y los gastos del coste del servicio que presta Hidrogea», explicó.

Además, según Asepucar, el consumo municipal del agua, lo que sale de todos los grifos y mangueras de riego del Ayuntamiento, también debe incluirse en los presupuestos. «Al no figurar quiere decir que no se paga nada por todo el agua que se consume en las dependencias municipales, en calles y jardines», lamentó Rodríguez, quien precisó que no significa que Hidrogea regale ese consumo, sino que «lo pagamos el resto de usuarios del agua en nuestros recibos, pero sin información alguna, ya que no aparece en ellos ni lo cuentan».

Asimismo, además de la alegación presentada a las cuentas municipales, desde Asepucar indicaron que también se estudia presentar un contencioso sobre la prórroga del contrato del agua aprobada en 2017, al entender que fue «ilegal».

También enviaron un mensaje a la ciudadanía: «Tenemos que activar todas las alarmas ante el saqueo del agua en Cartagena», y reclamaron «más control sobre la actividad de la concesionaria».

Desde el Ayuntamiento indicaron que las tres alegaciones que se han presentado se están estudiando en la Oficina Económicopresupuestaria y en la Asesoría Jurídica y eludieron valorar cada una de ellas hasta que los técnicos no respondan.