Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Cartagena tras conocerse la desestimación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región del recurso interpuesto por el Consistorio contra una sentencia que le condena a pagar 3,4 millones de euros (4 con costas e intereses de demora) a dos empresas a las que les anuló la licencia de construcción de 24 apartamentos turísticos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía y por haber cambiado la clasificación de la parcela de privada a pública.
Concretamente, según el fallo emitido por el TSJ, el Ayuntamiento deberá indemnizar a la mercantil Apartamentos Turísticos La Azohía S.L. con 3.189.315,91, y a Bulevar Infante S.L. con 239.111,38 de euros, según confirmó ayer la portavoz del Gobierno local, Obdulia Gómez, quien recordó que esta reclamación patrimonial fue interpuesta por ambas empresas el 6 de junio de 2014, siendo concejal de Urbanismo Francisco Espejo, del Partido Popular.
Y es que, la polémica se inició con el PP al frente del Gobierno local. De hecho, el problema surgió cuando en 2010 el Ayuntamiento decretó la anulación de la licencia para construir de ambas mercantiles -que lo habían solicitado en 2005-, siendo concejal de Urbanismo en aquel entonces el ahora presidente del PP local, Joaquín Segado. Los técnicos municipales argumentaron pasividad por parte de los constructores para llevar a cabo los trabajos, mientras que las empresas acusaron al Ejecutivo de demorar los permisos para iniciar las obras hasta que les impidió llevarlas a cabo. De hecho, la sentencia recurrida por el Ayuntamiento y avalada por el TSJ, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena, ya recogió en su momento que «fue el Ayuntamiento el que, llegado un determinado momento, decidió retrasar de forma torticera y arbitraria el inicio de las obras, hasta que consiguió imposibilitarlas, todo ello de forma antijurídica».
Ahora, el TSJ vuelve a dar la razón a las empresas afectadas al entender que la recalificación urbanística municipal, justificada entonces por el PP para atender la demanda de los vecinos de La Azohía de construir una plaza pública en la zona, les provocó daños y les privó del beneficio previsto con la venta de las viviendas. De hecho, las inmobiliarias denunciaron consecuencias lesivas, como consecuencia de que el banco que les concedió el préstamo para urbanizar, unos 2 millones de euros, acabó ejecutando la garantía y quedándose con la parcela.
Aclaración de la sentencia
Desde el Ayuntamiento, Gómez explicó que el Consistorio ya está estudiando «el camino a seguir para salvaguardar los intereses de la ciudadanía, que en cualquier caso va a pasar por presentar de inmediato un recurso de aclaración de la sentencia ante el TSJ». Del mismo modo, hizo hincapié en que «si hay base, que todo indica que así es, el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo».
La portavoz municipal señaló que se agotarán «todas las vías judiciales para intentar que la mala gestión de Segado y del Gobierno del Partido Popular no cuesten a los ciudadanos de Cartagena la friolera de 4 millones de euros».
En este mismo sentido, la edil socialista insistió en que la reclamación es consecuencia de una decisión que tomó el actual presidente del Partido Popular en su etapa como concejal de Urbanismo -cuando Pilar Barreiro estaba al frente del Consistorio- al autorizar el cambio de uso, de privado a público, de la parcela del antiguo cuartel de la guardia civil en La Azohía. No obstante, sobre las responsabilidades del exconcejal, ahora presidente de la Autoridad Portuaria, ya se pronunciaron los tribunales, que no vieron delito alguno en su actuación.
