El Juzgado Social número 3 de Cartagena acogió ayer la celebración de la vista oral de un juicio por cuatro demandas contra los astilleros Bazán, ahora Navantia, de tres trabajadores con patologías por amianto y los familiares de un fallecido por mesotelioma. Los obreros tienen edades comprendidas entre los 64 y 79 años. Según explicó Ricardo Torregrosa, demandante y presidente de Apena, asociación que aglutina a estos afectados, la de ayer «ha sido la primera demanda colectiva por amianto que se ha registrado en la ciudad de Cartagena».
La vista se saldó con un acuerdo extrajudicial con la familia del trabajador fallecido, aceptando la empresa su culpabilidad e indemnizando a los allegados del extrabajador que perdió la vida por mesotelioma a los 64 años. Sin embargo, en los otros tres empleados con patologías y con enfermedad profesional reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la empresa negó que las dolencias de sus antiguos obreros fueran causadas por el amianto en ámbito laboral, achacando la culpa al tabaco o la tuberculosis, entre otros factores.
Desde Apena quieren hacer saber a la opinión pública que patologías «idénticas» en compañeros de Bazán-Navantia de los astilleros de Ferrol fueron aceptadas por la empresa, algo que no se ha producido esta vez con los obreros de Cartagena.
Torregrosa explicó tras la vista que «comparando la actitud de la misma empresa con los compañeros de Ferrol y los de Cartagena, las víctimas cartageneras nos sentimos humilladas y escarnecidas». Además, dijo que «nuestras demandas tienen el respaldo de la Sanidad Pública y de la Seguridad Social, y fueron defendidas por uno de los más prestigiosos neumólogos, el doctor Joseph Tarrés Olivella, con mas de 40 años de experiencia tratando este tipo de casos».
Apena sentenció que «la prueba pericial de los astilleros públicos negando la etiología laboral por amianto fue defendida con criterios anticientíficos por el letrado muy bien pagado por Bazán, que ni nos ha visto a nosotros, ni ha comprobado nuestro historial médico». Por su parte, desde los astilleros prefirieron no hacer ninguna declaración al respecto. Por último, Torregrosa concluyó que «esto es Bazán Cartagena, la conspiración de silencio». El Juzgado Social número 3 delibera ahora para emitir una sentencia sobre esta demanda colectiva de los afectados por el amianto.
Los extrabajadores contaron ayer con el apoyo de los concejales de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP). La formación afín a Podemos volvió a insistir en la necesidad de que la Consejería de Sanidad exija a Repsol los listados de sus trabajadores y exempleados expuestos y postexpuestos al amianto, para que los afectados se informen y puedan hacerse todos los estudios preventivos. CTSSP denuncia que «con el amianto se está cometiendo un genocidio laboral silencioso, ya que no se conocen los datos reales sobre la exposición a este material y muchas empresas ocultan las cifras para evitar indemnizaciones a las víctimas».
