Destacan la profesionalidad de las trabajadoras del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) y la calidad de la propia prestación, que se ha convertido en una de las pioneras de la Región y el país en estos asuntos. No obstante, desde Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) denuncian «la escasez de personal, de recursos (solo hay 39 viviendas municipales) y de presupuesto en general para llevar a cabo una labor tan importante como ofrecer una vivienda digna a las familias en riesgo de exclusión social».
Para la formación morada los proyectos que se van a poner en marcha dentro del servicio, son el resultado de un trabajo bien hecho y planificado por parte de los profesionales que lo atienden, dando respuesta a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y a la moción presentada por el partido promovido por Podemos, donde se pedía la apertura de una Oficina Antidesahucios. «Pero el SAVI ha ido más allá al poner en marcha proyectos como un seguro para los dueños que alquilan sus viviendas a familias derivadas del Servicio, y también la Ordenanza de Registro de demandantes de vivienda donde lo prioritario es dar transparencia a la adjudicación de las viviendas sociales, además de utilizar un proceso objetivo y justo», reconocen.
Sin embargo, critican la política del Gobierno local, que «jactándose de haber realizado los presupuestos más sociales de la historia en Cartagena, no juzga necesario aportar más recursos a un servicio que es prioritario en nuestro municipio, no solo por la emergencia social en la que se encuentran muchas familias, sino también por las distintas problemáticas que se tienen que gestionar, como por ejemplo la ocupación de casas vacías en la ciudad y en barrios y diputaciones de Cartagena», afirman desde CTSSP.
Trabajo conjunto
De esta forma, la formación morada va a proponer al Gobierno municipal que se ponga en marcha un trabajo conjunto entre la Policía Local, la oficina del SAVI, y la asesoría jurídica del Ayuntamiento, para valorar los casos de ocupación en viviendas del Casco Antiguo, y en barrios y diputaciones del municipio. Así se podrá determinar la actuación en cada uno de los casos, «teniendo como objetivos principales mejorar la convivencia entre los vecinos y vecinas que se encuentran afectados por la ocupación de pisos vacíos; y la intervención social con las familias y personas que cumplan con la ley, y se encuentren en riesgo de exclusión social».
Hoy mismo, la alcaldesa Ana Belén Castejón da a conocer la normativa que permitirá la creación de un Registro Municipal de Vivienda.
