El Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, reunido este lunes en Madrid, ha rechazado el soterramiento del ferrocarril una vez analizadas las distintas alternativas estudiadas por la comisión de seguimiento, lo que ha despertado las críticas del Gobierno municipal.
Según informa el Ministerio de Fomento, la mayoría de la Sociedad entiende que "el soterramiento no es necesario porque en la actualidad no hay viviendas ni desarrollo urbanístico planificado al otro lado de la vía", además de que, advierte, "demoraría los plazos entre cuatro o cinco años más a los 76 meses previstos por la necesaria descontaminación de los suelos de El Hondón".
Por ello, ha acordado por mayoría apostar por la integración del ferrocarril en superficie como solución más idónea para la llegada de la alta velocidad.
Durante la reunión del Consejo de Administración, presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, se han presentado las alternativas analizadas por la comisión de seguimiento del estudio de viabilidad para la llegada de la alta velocidad y la integración del ferrocarril en Cartagena.
La solución para acometer esta integración en superficie se ha determinado como la más viable técnicamente por la mayoría de los consejeros, ya que garantiza una permeabilidad adecuada a las necesidades futuras del planeamiento urbano, contemplando la construcción de pasarelas peatonales y pasos superiores para el tráfico rodado, medidas de protección acústica, espacios verdes y el soterramiento de la A-30. Además, es compatible con la planificación prevista para la llegada de la alta velocidad y no impide acometer un futuro soterramiento.
Como actuaciones de integración ferroviaria, esta alternativa plantea la adaptación y ampliación del actual edificio de viajeros, la remodelación de la playa de vías para atender tráficos de alta velocidad con 4 vías de ancho estándar y 2 de ancho mixto y 4 andenes de 400 metros de longitud.
El coste de la misma se estima en torno a los 87 millones de euros, incluyendo tanto que ello comportaría para la ciudad, más allá de incrementar notablemente la inversión prevista para esta solución.
Optar por el soterramiento, por tanto, implica hacer un estudio sobre el proceso de descontaminación de estos suelos que necesariamente supone retrasar la llegada de la alta velocidad hasta cuatro o cinco años más, plazo que habría que añadir a los 76 meses necesarios para esta alternativa.
La mayoría de la Sociedad entiende, además, que el soterramiento no es necesario porque en la actualidad no hay viviendas ni desarrollo urbanístico planificado al otro lado de la vía.
Por esta razón, se ha optado por la integración en superficie reiterando el compromiso del Ministerio de Fomento de avanzar en el impulso y desarrollo de las actuaciones necesarias para hacer realidad la llegada de la alta velocidad a Cartagena en el menor tiempo posible y con la mejor alternativa.
Ello también supondrá sustanciales mejoras para los servicios de Cercanías y de Media y Larga Distancia, además de una importante reducción de los tiempos de viaje desde el mismo momento en que la alta velocidad llegue a Murcia, incluso sin estar construido el by-pass de Beniel, del que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto.
La Sociedad Cartagena Alta Velocidad está participada por el Ministerio de Fomento, a través de las entidades públicas empresariales Adif AV (40%) y Adif (10%), por el Ayuntamiento de Cartagena en un 25%, y el Gobierno regional con el 25% restante.
En cuanto a la postura mantenida por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, defendiendo la llegada soterrada a la ciudad, cabe recordar que en la reunión del consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad de diciembre de 2016 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, siendo Castejón vicealcaldesa del mismo, en el que se apostaba por la integración sin soterramiento.
Por tanto, entiende que "su cambio de postura sólo puede responder a su deseo de que la alta velocidad no llegue a Cartagena. Su actitud durante la reunión, pretendiendo retrasar la llegada del AVE a la ciudad, así lo demuestra".
Según la planificación del Ministerio de Fomento y Adif, la finalización de las obras para la llegada de la alta velocidad a Cartagena será en 2021, con las obras completas de la integración ya finalizadas en el primer trimestre de 2022.
El Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad ha sido informada hoy, nuevamente, de estos plazos.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha resaltado "la firme apuesta del Gobierno regional por la alternativa que permita conectar cuanto antes y de la mejor manera posible Cartagena a la red de Alta Velocidad".
Así, ha señalado que el Consejo de Administración "ha elegido el mejor proyecto que da respuesta a las necesidades de los cartageneros", ya que garantiza la permeabilidad adecuada a las necesidades urbanas futuras de la ciudad, el tráfico rodado y de las personas y el soterramiento de la A-30. Y, además, es compatible con la planificación de un futuro soterramiento.
Este proyecto incluye la remodelación y ampliación del actual edificio de viajeros y la adaptación de la playa de vías para atender a los tráficos de la alta velocidad.
"Hemos perdido demasiado tiempo en definir cómo tiene que llegar el AVE a Cartagena como consecuencia de la inestabilidad política en la ciudad, que ha generado retrasos en los plazos previstos para unir la ciudad a la red de Alta Velocidad", destaca el consejero, quien añade que "el resto de las opciones planteadas están condicionadas a la descontaminación previa de los terrenos, lo que supone retrasar 'sine die' la llegada del AVE a Cartagena".
El consejero destacado que "el Gobierno regional no renuncia al proyecto de soterramiento de las vías en Cartagena, si bien no podemos demorar aún más la llegada de la alta velocidad por la descontaminación de los terrenos", que sería la segunda actuación más importante de España, tras la del polo químico de Huelva.
La alternativa del soterramiento plantea una serie de dificultades. Por un lado, supondría abordar un proyecto de descontaminación que dilataría de manera importante los plazos de planificación y ejecución de las obras y que no están incluidos en esta alternativa, por lo que habría que añadirlos a los 76 meses.
En segundo lugar, requiere un estudio previo de caracterización del proceso de descontaminación, cuyo resultado es incierto. Y por último, habría que añadir un notable coste económico, que no está incluido en la valoración, que asciende a unos 163 millones de euros.
