Una bala más. Es lo que va a gastar el Ayuntamiento de Cartagena para tratar de conseguir una mayor protección sobre la antigua cárcel de San Antón, adquirida en subasta por el Perpetuo Socorro en 2017. Así, la Junta de Gobierno local, reunida ayer con carácter extraordinario, acordó recurrir en alzada la incoación del expediente para la declaración del complejo penitenciario como bien inventariado, al apreciar «un ostensible cambio de criterio» en cuanto al alcance de la protección de este edificio, determinado por la Dirección General de Bienes Culturales, según informó el concejal de Cultura, Educación y Juventud, David Martínez.
El recurso se basa precisamente en la disparidad de criterios de los técnicos del departamento autonómico, ya que «en un primer informe, que dio pie a la incoación del expediente en marzo de 2017, se protegía con carácter cautelar el pabellón de acceso, el pabellón de reclusos y las cinco garitas que rodeaban el muro, que podrían ser rehabilitados y adaptados a nuevos usos aunque sin modificar sus condiciones volumétricas».
«La inactividad de la Administración autonómica en este asunto, provocó la caducidad del expediente en abril de 2018, fecha en la que volvió a retomarse con un nuevo informe que ya solo se limitaba a proteger el pabellón de oficinas con el jardín de acceso a vehículos, el muro exterior perimetral y las cinco garitas del inmueble, precisando que el muro exterior podía ser rebajado a su cota originaria y teniendo una o dos entradas suficientes para el acceso de vehículos, según necesidades de la propiedad», aclaró el edil.
A juicio de la Junta de Gobierno este cambio de criterio en cuanto al alcance de la protección, que deja precisamente fuera un elemento tan fundamental y característico de la cárcel como el pabellón de reclusos, «no se encuentra debidamente motivado».
Para la Junta, resulta «igualmente contradictorio» que se inicie un procedimiento para inventariar la antigua prisión por su valor cultural como ejemplo de arquitectura carcelaria, único centro penitenciario construido durante la II República en la Región y que contribuye a conocer la evolución arquitectónica de las cárceles y penales, para luego dejar desprotegido por su «poca relevancia» precisamente el pabellón de reclusos, y sin embargo proteger los muros y la oficina administrativa.
Según señaló Martínez, «no se puede aducir que el recinto carcelario es muy sobrio y sin elementos destacados, porque que un edificio de estas características no se caracteriza por su ornamentación, sino por su significación simbólica que implica sobriedad y funcionalidad».
Tampoco aducir al avanzado estado de degradación del pabellón de reclusos para no protegerlo, ya que «hay numerosos edificios catalogados e inventariados en el casco antiguo de Cartagena, cuyo estado de conservación es prácticamente ruina técnica y por ello no dejan de estar protegidos», aclaró el edil.
Para el Gobierno municipal tampoco es argumento para la desprotección de las antiguas celdas el hecho de que la percepción general para los no reclusos era el de un recinto fuertemente custodiado por muro y garitas, con un edificio administrativo de entrada y que todo lo interior quedaba por tanto oculto a la vista, ya que una cárcel se caracteriza, sin duda, por un muro perimetral con garitas de vigilancia, pero sobre todo por un conjunto de celdas para la reclusión de los presos que es su principal funcionalidad y aunque los calabozos no se vean desde el exterior - lo que es propio- «son sin duda una referencia intelectual imprescindible para identificar un edificio carcelario», dijo Martínez.
Relevante valor histórico
A todo esto, según el concejal, habría que añadir el relevante valor histórico, dado que en la Región están catalogadas por su relevancia cultural varias cárceles y prisiones que favorecen la lectura histórica de la evolución arquitectónica de los centros penitenciarios como son las cárceles concejiles de Cehegín, de partido en Totana, la eclesiástica del Obispado en Murcia, de la dictadura de Primo de Rivera y de la inquisición también en Murcia o cárceles militares, entre otras.
Así pues, añadió el concejal incluyendo la prisión de Cartagena, «se cierra el círculo de inmuebles de esa tipología en la Región, incluyendo una cárcel construida durante la II República».
El concejal subrayó que a la luz de los contenidos de ambos informes técnicos «no hay justificación expresa en el segundo informe, ni otra documentación en el nuevo expediente, para el cambio de criterio en cuanto a los elementos que son objeto de protección».
El recurso, que se ha planteado dentro del plazo de un mes fijado por la nueva resolución de incoación de este expediente, deberá recibir respuesta de Bienes Culturales en próximos días.
