La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, manifestó ayer que quien tiene la responsabilidad actualmente de que Cartagena tenga una Ciudad de la Justicia y que se pueda hacer de forma «rápida y ágil» es el Gobierno de España y el Ministerio competente. Estas declaraciones las llevó a cabo después de que el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, afirmase este fin de semana que la responsabilidad de ceder un espacio para construir la Ciudad de la Justicia es del Ayuntamiento de Cartagena.

La regidora ha pedido al Ministerio de Defensa que ceda terrenos para albergar esta instalación. Por el momento evita desvelar el emplazamiento que ha reclamado a Defensa. No obstante, fuentes consultadas por esta Redacción confirmaron que la intención de la regidora es que los nuevos juzgados se levanten en las actuales dependencias militares que hay en la avenida Reina Victoria, lo que se conoce como la Factoría de Subsistencias de la Marina. Asimismo, Castejón descarta que se utilicen los suelos militares del antiguo Hospital Naval, situados en Tentegorra, para la nueva Ciudad de la Justicia. Además, pese a que está buscando lograr la cesión de terrenos militares, la regidora no da por descartada aún la posibilidad de que los juzgados se construyan en Mandarache, donde inicialmente se proyectaron. Castejón señaló al respecto que tiene varias ideas de los lugares en los que se puede llevar a cabo este edificio y que está trabajando con los técnicos del Ayuntamiento en la viabilidad de los emplazamientos, a la vez que dijo que hay que estar «en disposición de proponer la mejor ubicación y que no nazca una Ciudad de la Justicia pequeña». De construirse en la Factoría de Marina, las nuevas dependencias judiciales estarían a escasos metros del Palacio de Justicia de Ángel Bruna.

Castejón también avanzó que no va a permitir que se culpe al Consistorio, y advirtió de que el Ministerio tiene instalaciones y suelo para desarrollar este proyecto, a la vez que adelantó que «tan pronto como tenga respuesta de los ministerios» informará de los hechos. La regidora señaló de que lleva trabajando en el proyecto desde que llegó a la Alcaldía, «en silencio y con lealtad institucional», y que ha estado observando varias fórmulas que su antecesor, José López, había estado barajando, con el objetivo de hallar la forma más «operativa y rápida» de desarrollar este proyecto. Finalmente, Castejón recordó que cuando el PSOE gobernaba en España, el Ministerio de Defensa cedió varios edificios militares al Ayuntamiento.

Pese al interés que manifiesta públicamente la alcaldesa de la ciudad, el Colegio de Abogados de Cartagena denuncia, a través de su decano, Antonio Navarro, que «se está perdiendo una cantidad de tiempo bestial con la Ciudad de la Justicia porque los partidos políticos y las administraciones no se ponen de acuerdo». Navarro apostilla además que «la falta de esta nueva instalación puede hacer que dentro de unos años Cartagena quede colapsada judicialmente». De hecho, el decano denuncia que los efectos ya se están notando. Así, pone como ejemplo los retrasos para abrir el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 7, que será el segundo que se encargue de los juicios de Familia en Cartagena. Según Navarro, los problemas para alquilar un local donde ubicarlo, al no haber sitio en el Palacio de Justicia de Ángel Bruna, ha hecho que la apertura del nuevo juzgado de Familia se retrase hasta octubre.