El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Cartagena ha denunciado que el Ministerio de Justicia continúa con su plan de eliminar los Registros Civiles en los municipios el próximo mes de junio, «sin haber dotado previamente a las administraciones locales de los medios materiales y humanos necesarios para que sea estas las que suplan sus funciones».

La viceportavoz de la Ejecutiva local, Alejandra Gutiérrez, ha recordado que el Registro Civil de Cartagena engloba también a los municipios de La Unión y Fuente Álamo, con lo que afectará a más de 250.000 habitantes. «Si los planes del Ministerio se confirman, a partir del 30 de junio de este año, el Registro Civil de Cartagena cerrará sin que los ayuntamientos estén preparados para asumir sus competencias», indica.

Gutiérrez señala que, «hasta el momento desconocemos dónde se va a ubicar la Oficina administrativa del Registro Civil de la Comunidad Autónoma, aunque previsiblemente estará en la ciudad de Murcia; no se ha informado adecuadamente a los ayuntamientos de las competencias que van a tener que asumir y tampoco se ha formado a personal cualificado o dotado de presupuesto».

«La intención del Gobierno central es trasladar la responsabilidad de este servicio a la administración local, que tendrá que explicar a los ciudadanos que todas las gestiones que antes eran gratuitas ahora estarán sujetas al pago de tasas», apunta la viceportavoz.

Desplazamientos de 50 km

Al carecer los ayuntamientos de la información mínima para explicar a los ciudadanos los requisitos, plazos y efectos de su solicitud, le remitirán a la Oficina de Registro de su comunidad, obligando así a los cartageneros a desplazarse 50 kilómetros, según explican desde el Partido Socialista.

Ponen como ejemplo alguna de las formas en las que este cambio afectaría a los ciudadanos: «Mientras que antes para un matrimonio civil solo había que acudir al registro e inscribirse como tal, ahora deberán pagar a un notario para que realice el expediente matrimonial que más tarde ratificará la Oficina administrativa de la Comunidad Autónoma, una vez revisada toda la documentación presentada».