La Comisión de Seguimiento del Contrato del Servicio de Agua conoció ayer el informe elaborado por la asistencia técnica contratada por el Ayuntamiento para analizar el funcionamiento de este servicio que, según el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, descarta irregularidades en el contrato.

Así lo explicó el propio Torralba al finalizar la reunión, afirmando que las conclusiones de dicho informe «son claras». «Se ha analizado si la estructura del servicio es adecuada o está sobredimensionada y se ha concluido que la estructura es correcta»; por lo que a juicio del concejal «la concesionaria no está cobrando de más por exceso de personal».

También se han analizado los materiales que utiliza la concesionaria para las labores de mantenimiento y «se ha concluido que la compra de materiales se realiza a precio de mercado», añadió. Igualmente, aseguró el edil, se ha estudiado la capacidad y los medios de las empresas que subcontrata Hidrogea y «se ha determinado que están ajustadas a derecho».

Asimismo, se ha comprobado también que las obligaciones del concesionario se están llevando a cabo en materia de normativa ambiental y de seguridad y prevención de riesgos laborales, de forma adecuada y conforme a la normativa vigente y se ha concluido que el rendimiento de la red del municipio de Cartagena se encuentra muy por encima de la media de los municipios de características similares.

No obstante, Torralba reconoció que se han detectado deficiencias y carencias importantes en el estado de mantenimiento de las estaciones depuradoras y de las estaciones de bombeo del municipio de Cartagena. Por ello, el concejal avanzó que se ha recomendado que la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región (ESAMUR) acometa de inmediato y en la medida que el presupuesto lo permita, obras de mejora de mantenimiento de instalaciones.

El edil recordó que recientemente se ha renovado el convenio con ESAMUR que va a permitir la ejecución de cerca de 900.000 euros en doce proyectos en el término municipal.

Otro aspecto que destacó Torralba respecto al informe es que no debe incluirse en las propuestas de tarifa (como así ha ocurrido con la propuesta que está a la espera de tramitación en la Junta de Precios) el sistema de telelectura, cuyo coste de implantación ascendería a 9.894.927 euros.

También se recomienda establecer nuevas tarifas para institutos, hospitales y universidades y definir mejor los criterios de aplicación para los abonados en tarifa doméstica y en tarifa industrial.