La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, reunida ayer lunes con carácter extraordinario, bajo la presidencia del concejal socialista Francisco Aznar, dictaminó favorablemente por unanimidad la creación de una comisión de investigación que tenga por objeto el contrato de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, tal y como había solicitado los grupos municipales de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) y MC Cartagena, mediante la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará este jueves, día 18. Según explicó Aznar, los cinco grupos municipales se han mostrado favorables a la creación de esta comisión, cuya presidencia y calendario de trabajo se deberán determinar en su primera reunión constitutiva tras la aprobación del pleno, según informaron fuentes municipales.
MC Cartagena señaló que será objeto de estudio cómo se realizó la prórroga de la concesión, los posibles sobrecostes, los informes de la asistencia técnica y de los técnicos municipales de Desarrollo Sostenible, encargados del trabajo de fiscalización del servicio antes de la creación de una comisión técnica adscrita al área de Alcaldía.
La Comisión de Hacienda evitó pronunciarse sobre el segundo asunto que figuraba en el orden del día de esta reunión extraordinaria, en la que se planteaba igualmente a instancias de MC Cartagena y CTSSP, la resolución del recurso de reposición interpuesto por una treintena de ciudadanos en enero de 2004 contra el acuerdo plenario de noviembre de 2003 por el que se acordó ampliar a 25 años más el plazo de concesión del contrato de agua potable y saneamiento.
El edil socialista explicó que esto se ha hecho así, tras la exposición técnica que hizo la secretaria de la comisión, Emilia Maria García, al aducir ésta la falta de legitimación de quienes presentaron la misma, que son los representantes de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar). Según la funcionaria, se ha resulto dicho recurso potestativo de reposición, ya que no lo presentó Asepucar, sino diversos ciudadanos; y porque en cualquier caso, el recurso ya fue resuelto de forma desestimatoria mediante silencio administrativo y el asunto se encuentra actualmente en la vía contencioso administrativa.
«No se escucha a los afectados»
«No se escucha a los afectados»Tras conocer la noticia, Asepucar emitió un comunicado en el que manifestó que «no se puede argumentar sin faltar a la coherencia y a la responsabilidad política que prescribió el recurso presentado contra el acuerdo de prórroga de 2003, al no ser contestado en la etapa de Gobierno del PP, y que los firmantes del mencionado recurso carecían de legitimidad para iniciar esa vía administrativa».
Así, el colectivo añade que «si los ciudadanos que sufrimos y pagamos los costes de este contrato y estas tarifas no estamos legitimados a recurrir, ¿quién lo está? Por el contrario, el Ayuntamiento sí está incumpliendo su obligación al no resolver porque una Administración pública no puede desobedecer sus propios actos administrativos, recordamos que los recursos administrativos son remedios jurídicos frente actos viciados de nulidad o anulabilidad y se les debe dar contestación jurídica, sin que quepa decidir políticamente sobre su nulidad o anulabilidad, al menos sin salirse del marco constitucional, derogar el Estado de derecho y sustituir las Leyes por la voluntad e interés del gobernante».
