Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha descartado cualquier anomalía en la expropiación forzosa del hotel Peninsular por parte del Ayuntamiento de Cartagena, cuyo procedimiento ha llevado a los Juzgados al exalcalde y exconcejal de Desarrollo Sostenible, José López, por cuatro presuntos delitos de corrupción (prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida).
Así lo ha hecho saber el propio López mediante un comunicado en la web de su partido (MC) en el que recuerda que el informe es consecuencia de un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena solicitado por el Partido Popular, que está personado en la causa como acusación particular.
Desde MC han recalcado que el órgano estatal ha analizado toda la documentación del procedimiento y afirma que «no se aprecia que ésta incumpla ninguna de las normas que regulan la adquisición de bienes por los municipios mediante el procedimiento de expropiación forzosa».
Por ello, ayer mismo, el abogado de López, Vicente Pérez Pardo, solicitó al titular del juzgado cartagenero, Ignacio Munítiz, el archivo de la causa contra el exalcalde, una vez conocida la resolución de la Intervención General en la que certifica que la expropiación de este inmueble se ajustó a la legalidad.
«Cuando el archivo sea efectivo daré más detalles de todo el proceso y se podrán sacar conclusiones», ha explicado López en el mismo comunicado. De hecho, el exregidor ya da unas pinceladas de su postura en todo este asunto al afirmar: «Como sabíamos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado que no hay ninguna ilegalidad en los trámites, por lo que la legalidad en el proceso de expropiación es absoluta». Además, el escrito de MC también recoge valoraciones del exalcalde sobre el proceso antes de que su Gobierno decidiera hacer efectiva la expropiación. Y es que, el expediente fue iniciado en 2006, cuando el Ejecutivo municipal estaba dirigido por el PP.
Así, López ha explicado que el informe de la Intervención «no valora si la aprobación del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOPCH) que hizo el PP y que obligaba al Ayuntamiento a expropiar es legal o no, dejando esa duda que todos tenemos».
«Persecución política»
El exregidor, quien también es secretario general de MC también ha manifestado que «queda menos para que cada uno pase por lo que es», en alusión a los ediles del PP que denunciaron ante los juzgados el procedimiento. De hecho, López ha indicado que su partido sigue «soportando una persecución política», aunque entendió que esto se produce «por haber traído la limpieza a la vida pública. Por eso están inquietos los falsos denunciantes del PP y sus subalternos de PSOE y Ciudadanos». Unas declaraciones que critican también a su ya exsocio de Gobierno pese a que los socialistas apoyaron la compra del hotel Peninsular en 2016.
