La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Cartagena dio cuenta ayer en la Junta de Gobierno local de la admisión del recurso de casación interpuesto por el Consistorio ante el Tribunal Supremo, acerca de la carga de la prueba del decremento o incremento del valor de los terrenos que sirve de base para el pago del impuesto de plusvalías en la compraventa de inmuebles.

En instancias inferiores los tribunales han impuesto al Ayuntamiento la carga de probar que no ha producido un decremento del valor de los terrenos, cuando los particulares alegan esta causa para eximirse del pago de este impuesto.

De hecho, desde entonces los técnicos municipales se encargan de emitir los informes correspondientes que acreditan que no se ha producido una disminución del valor de los terrenos en el lapso comprendido entre la compra y la venta del inmueble.

Desde los Servicios Jurídicos se considera que se trata de una carga de prueba «diabólica» para la administración al tener que demostrar algo que alega la parte contraria. El Tribunal Supremo ante las argumentaciones del Ayuntamiento de Cartagena ha decidido admitir la casación a fin de aclarar este aspecto, mediante una próxima sentencia que tendrá repercusión para el resto de los ayuntamientos en la gestión de este impuesto.

Además, y entre otros asuntos, la Junta trató el pago de cinco facturas de servicios prestados durante el pasado mes de diciembre y que corresponden a contratos que han expirado y que están pendientes de una próxima licitación, como son los de suministro de energía de último recurso, baja tensión, mantenimiento de parques y jardines, alumbrado público y limpieza de edificios municipales. Todos ellos por un importe que ronda el millón de euros. De acuerdo con el informe de Intervención, la autorización del pago de dichos servicios se realizará en una próxima Junta de Gobierno.