Retrasos de entre ocho y doce meses en celebrar juicios, procesos de incapacitación de personas interminables, presiones a los letrados para lograr acuerdos en juicios de divorcio. Éstas son sólo algunas de las deficiencias que padece el único Juzgado de Familia con el que cuenta el partido judicial de Cartagena. Así lo denuncian desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la ciudad para poner esta situación en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ante «el riesgo de que puedan convertirse en crónicas».

El colectivo de letrados ha remitido un documento al TSJ recordando que no es la primera vez que los abogados remiten sus quejas al órgano autonómico. «Dicha situación es ser cada vez más preocupante e insoportable», indican, aunque reconocen que «los recursos son limitados y el TSJ no tiene la competencia directa para dotar adecuadamente a los órganos jurisdiccionales de su ámbito»

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados recuerdan el reciente acuerdo del Consejo de Ministros para la creación de un séptimo Juzgado de Primera Instancia en la ciudad, aunque puntualizan que desconocen si tendrá o no competencias en materia de familia, «lo que sin duda contribuiría a aliviar la situación actual de ser así, pero nada garantiza que esos usos que se han impuesto, vayan a desaparecer», insisten.

Por ello, desde el órgano colegial advierten de que la situación puede convertirse en un «mal crónico y estructural» que provoca que los ciudadanos del partido judicial de Cartagena soporten «demoras fuera de todo lo razonable en lo que a señalamientos de juicios se refiere». «Da igual el tipo de proceso de que se trate (separación, nulidad, divorcios, incapacidades, etc.), actualmente la mayor parte de los procedimientos soportan, desde que se presenta la demanda hasta que se señala fecha para la celebración de juicio, una demora media de entre ocho y doce meses», denuncia la máxima representación de los abogados de Cartagena.

«Es inaudito que unos niños tengan que esperar un año o más para que se articule un régimen de guarda y custodia», subraya la Junta de Gobierno.

No obstante, desde el Colegio no desean trasladar una idea equivocada y hacer responsable a los operadores jurídicos de los inadmisibles actos de terceros, pero puntualizan que «en un contexto social de creciente alarma por la violencia de género quizás sería adecuado preguntarnos si la perpetuación en el tiempo de una situación de crisis matrimonial y familiar, sin que un órgano judicial intervenga de manera efectiva, podría tener alguna relevancia en que los intervinientes puedan llegar a tomarse 'la justicia por su mano'».

Esta situación de demora, según los abogados, se convierte en instrumento de presión que desvirtúa las posiciones de las personas en conflicto en orden a alcanzar acuerdos. «Es evidente que el auxilio judicial, llegado el caso, debe contribuir a poner orden y no a distorsionar aún más los conflictos entre los justiciables», añaden.

Finalmente, los letrados se muestran disconformes con la intervención del órgano jurisdiccional y la representación del Ministerio Fiscal en cualquier intento por mediar entre las partes para que sea posible alcanzar un acuerdo o reducir los extremos en los que exista controversia a lo mínimo. Y es que, según denuncian, «es práctica habitual que, con carácter previo al inicio de un juicio, se exhorte a los letrados de las partes para que accedan a la sala de vistas y, a puerta cerrada. «Allí más que transigir acuerdos, se imponen los mismos», afirman.