El magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena ha confirmado en la sentencia del caso Cala Cortina que será el Estado el que pague los 450.000 euros de indemnización para los familiares de Diego Pérez, en caso de que los policías condenados no puedan asumir el pago. Se trataba del único punto discordante del caso, ya que hace dos semanas las partes alcanzaron un acuerdo por el que se fijaba una pena de cuatro años de prisión para los cinco agentes implicados, que reconocieron ser autores de un delito de detención ilegal y de homicidio por imprudencia profesional, al no garantizar la custodia del vecino de Las Seiscientas el día que encontró la muerte en la playa cartagenera, en marzo de 2014.

En concreto, la sentencia condena a cada uno de ellos, por el delito de detención ilegal, a dos años de prisión y dos años de inhabilitación absoluta; y por el delito de homicidio por imprudencia profesional, a dos años de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio profesional como miembros de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Igualmente, la sentencia, notificada ayer a las partes, condena a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija del fallecido en la cantidad de 200.000 euros, de los que constan consignados 30.000 euros y a los cinco hermanos en la cantidad de 50.000 euros para cada uno de ellos, de los cuales constan ya consignados en igual forma 30.000 euros, declarando en ambos casos la responsabilidad civil subsidiaria del Estado español.

Para determinar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado respecto a las indemnización a los hermanos, único punto debatido en plenario, el juzgador ha tenido en cuenta «la relación especialmente intensa de cuidado de los hermanos por la víctima, dada la discapacidad de esta; así como la indescriptible desazón, angustia e incertidumbre que conllevó la desaparición del Diego durante 15 días». De igual forma, la sentencia contempla «el dolor por la aparición del cadáver en una playa, con signos de aparente violencia, seguida de varios meses sin el menor conocimiento de las circunstancias que determinaron la muerte; el desasosiego que tuvo que producir las imprevisible involucración de funcionarios policiales y un proceso prolongado con relevancia pública ; y la inexistencia de una satisfacción moral significativa, pues ni se han producido disculpas ni se ha logrado un conocimiento de todo lo sucedido, y la asunción de responsabilidades ha sido muy tardía», según se detalla en la resolución.