El Ayuntamiento lleva desde el año pasado tratando de ver la fórmula legal para imponer a los dueños de perros que registren el ADN de sus mascotas con el fin de sancionar las conductas incívicas de los ciudadanos que no recogen los excrementos, así como controlar a los animales que desaparecen, sufren maltrato o son robados. En este último caso, desde el Consistorio reconocen que no tienen constancia de que haya una cantidad significante de denuncias.
El concejal de Sanidad, Francisco Calderón, se marca como tope 2019 para implantar un censo canino de ADN. Para ello, explica el edil, «tenemos que crear una nueva ordenanza de Bienestar Animal en la que se contemple que esta obligación tienen que cumplirla los dueños de las mascotas». Una imposición que, según él, está condicionada por la nueva Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, que tienen previsto aprobar PP y Ciudadanos este miércoles en la Asamblea Regional.
La idea del concejal es consensuar la implantación del registro genético con la Mesa de Bienestar Animal, en la que participan políticos locales y diversos colectivos sociales de la ciudad. «Mi intención es conseguir el mayor consenso posible de todos los integrantes», dice. Pese a esto, esta Mesa es consultiva, así que Calderón afirma que el Gobierno municipal puede aprobar su propia ordenanza pese al rechazo social o político que esta pueda provocar. Por contra, el Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, decidió de una forma más democrática esta cuestión en abril, sometiéndola a debate en el pleno municipal. Sin embargo, hay un escollo legislativo que el Consistorio de Cartagena necesita sortear. Según el propio edil, «los servicios jurídicos del Ayuntamiento tienen que estudiar la nueva legislación autonómica para ver si es legal o no que incluyamos el censo de ADN en la ordenanza municipal, ya que no podemos ordenar algo que se contradice con una ley de rango superior».
Ayuntamientos como el de Pamplona también se han interesado recientemente por implantar este registro genético de perros en su municipio. De todos modos, este censo ha recibido ya varias críticas por parte de colectivos profesionales.
De hecho, en Madrid, el Colegio Oficial de Veterinarios ha emitido un informe en el que dictamina que «no considera conveniente ni necesario el establecimiento de un sistema de identificación canina a través del ADN, así como la creación de este tipo de censos, ya que podrían malograr los éxitos alcanzados con el sistema de identificación animal» que ya se implanta en dicha comunidad autónoma, donde se utiliza el microchip, al igual que en la Región de Murcia.
Los veterinarios madrileños señalan que «la identificación de los canes por la huella genética no ayuda a localizar a los animales extraviados ni previene el abandono de las mascotas». Esto contradice uno de los principales objetivos que quiere conseguir el Ayuntamiento de Cartagena.
´Fuga´ de mascotas
Los profesionales van más allá del asunto y sentencian que los precios para la obtención de las muestras biológicas elevarían los costes de las personas que viven con perros. Estiman que la identificación del animal con ADN es mucho más compleja desde el punto de vista técnico y que además la Administración local necesita contar con la colaboración de los veterinarios del municipio para llevarla a cabo.
El concejal de Sanidad de Cartagena apunta que registrar el ADN mediante una prueba de sangre costaría a cada dueño poco más de 20 euros por animal, y que crear ese censo saldría muy barato para las arcas públicas. Aun así, los veterinarios alertan de una posible ´fuga´ de canes, ya que muchos propietarios podrían registrar a sus mascotas en municipios próximos para evadir el control del Ayuntamiento sin contravenir la norma, al estar los perros registrados a nivel regional.
En Cartagena, el responsable del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, e incluso a limpiar la parte ensuciada de la vía pública. No recoger las heces está considerado una infracción leve. La multa va de 30 a 300 euros.
