Los padres de Gregorio Javier G. M., el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía detenido junto con otros cinco compañeros por el caso Cala Cortina y que falleció cuando se encontraba en prisión preventiva en una cárcel de Madrid, han reclamado que se abra una investigación para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo su fallecimiento.
Los padres del agente han reiterado esta solicitud tras la resolución del caso instruido por la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez, que ha acabado con un pacto de conformidad suscrito por las acusaciones y las defensas de los otros cinco policías.
Los progenitores han añadido que para ellos el caso "sigue abierto" y que así seguirá hasta que se abra la investigación que reclaman, para lo que piden la intervención del comisario jefe de Cartagena, Ignacio del Olmo, al que instan a que emprenda las actuaciones encaminadas al esclarecimiento de las causas de la muerte de su hijo.
Para ellos, de obrar en la forma que reclaman "se honrará al cuerpo de Policía y también el nombre de nuestro hijo".
El agente murió en la prisión de Estremera en Madrid el 13 de octubre de 2015 a causa, según indicaron desde la instalación penitenciara, como consecuencia de una pancreatitis. No obstante, amigos del fallecido no tardaron en criticar la actuación de la gerencia de la prisión en redes sociales. Afirmaron que la asistencia sanitaria recibida por el policía nacional en prisión fue inadecuada. De hecho, uno de esos comentarios señaló que "no recibió la asistencia debida en la prisión y cuando la situación se agravó y lo llevaron al hospital ya nada pudieron hacer por él".
Así, el caso Cala Cortina continúa abierto tras el acuerdo alcanzado por las partes hace una semana y que está a la espera de sentencia.
Aceptaron cuatro años de prisión
Y es que, los cinco policías nacionales acusados en el caso Cala Cortina aceptaron el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y las defensas por el que reconocieron los delitos de hominicio por imprudencia y detención ilegal.Así quedó fijado tras la vista oral celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial, donde los cinco acusados dieron su conformidad y asumieron las penas. Ahora queda por ver la resolución del magistrado Jacinto Aresté, quien deberá posicionarse en sentencia sobre si deben ingresar en prisión para cumplir el resto de la condena (dos años y 10 meses al haber cumplido ya un año y dos meses en prisión preventiva) o no. Tanto la acusación particular, a cargo del letrado Francisco Belda, como la Fiscalía se oponen con rotundidad, aunque las defensas lo pelearán.
Sobre la inhabilitación en el Cuerpo Nacional de Policía, el propio acuerdo establece que será absoluta, por lo que, en principio, no volverán a ser agentes, aunque cumplan la condena íntegra.
