«No procede reconocer ninguna indemnización, ni mucho menos de 50.000 euros, a ninguno de los cinco hermanos de Diego Pérez», concluyó ayer el abogado del Estado, Nicolás Valero. No obstante, éste si se muestra a favor de recompensar a la hija del fallecido, para la que piden que la Administración le entregue 200.000 euros. El Estado reconoce así su responsabilidad civil subsidiaria, ya que hay que recordar que los agentes estaban en acto de servicio cuando Diego Pérez encontró la muerte en Cala Cortina. Valero defendió los intereses la Administración durante el juicio por la responsabilidad civil del vecino de Las Seiscientas que murió tras ser detenido ilegalmente por la Policía Nacional, que lo llevó contra su voluntad hasta la citada playa, de madrugada, en marzo de 2014. La vista se celebró en la sección quinta de la Audiencia Provincial, sita en Cartagena. El juez Jacinto Aresté dejó el asunto visto para sentencia, por lo que la resolución se conocerá en los próximos días.

El abogado del Estado argumentó su rechazo a compensar a los hermanos aportando consigo una sentencia que dictaminó el Tribunal Supremo en el año 2010. Dicho fallo, recalcó, «es el más reciente de todas las sentencias que ha aportado el Ministerio Fiscal», que defendió que se indemnice tanto a los hermanos como a la hija. La sentencia aportada por Valero, según él, es un caso muy similar, pero con un guardia civil como víctima. En ella, el Estado solo indemnizó a los hijos del agente y no a sus hermanos. Así, apostilló Valero, «solo se contempla que se recompense a los hermanos si éstos dependen económicamente del fallecido, porque es rico, si convivían con él, o si son menores de edad». Tres circunstancias que según el abogado del Estado, no se dan en el caso de Diego, que tenía poco dinero, era el menor de sus hermanos y vivía solo en casa de sus difuntos padres.

Los cinco hermanos del fallecido reclaman que el Estado abone 50.000 euros para cada uno de ellos y 200.000 euros para la hija de Diego Pérez. A esta petición no se oponen las defensas de los cinco policías nacionales «condenados virtualmente» a cuatro años de prisión por detención ilegal y homicidio imprudente, como apuntó en varias ocasiones durante el juicio el letrado de la familia Pérez, Francisco Belda. Algunos de los abogados de los agentes recalcaron incluso que están a favor de que los familiares reciban la mayor indemnización posible. Pero, como replicó el letrado del Estado: «Nos ha fastidiado, como los policías no pagan, que responde la Administración con fondos públicos; es muy fácil decir que se pague».

Los cinco hermanos del fallecido en Cala Cortina declararon ayer ante el juez como testigos. El magistrado dio la oportunidad de decir la última palabra a los cinco agentes, pero los policías nacionales declinaron hacer ninguna valoración. «Unos eran más hermanos del fallecido que otros», se atrevió a decir el abogado del Estado tras escuchar el calvario vivido por los parientes del vecino de Las Seiscientas. Algunos de sus allegados, incluso rompieron a llorar durante su intervención. De los relatos de Manuel, Enrique, Pastora, Remedios y Francisca se pudo extraer que el fallecido padecía esquizofrenia, tenía una discapacidad reconocida del 45% y cobraba una pensión no retributiva de 364 euros; la cual no le llegaba para vivir y le administraba su hermano Manuel, que era el que más pendiente estaba de él y lo atendía en su día a día. Asimismo, los hermanos coincidieron en que le ayudaban económicamente, le hacían la compra, le llevaban guisos, hablaban con él habitualmente por teléfono, convivían con él y lo visitaban, e incluso le compraban la ropa íntima. «Diego tenía casi 50 años, era independiente y se valía por sí mismo, pero su enfermedad le convertía en un niño de 15 años, por lo que había que estar pendiente de él», apuntaron sus allegados. Resaltar que una de sus hermanas, Francisca, reside en Málaga y sólo lo veía un par de veces al año, cuando ella venía a pasar unos días en Cartagena. Por su parte, Pastora dijo entre lágrimas que «su vida no vale ese dinero». Su hermano Enrique cerró el bar que regentaba con su mujer como consecuencia del proceso judicial.

Todos coincidieron en que padecen problemas tales como ansiedad o depresión por todo lo que han vivido. Además, apuntaron que han sido víctimas de insultos y vejaciones en las redes sociales, que la exposición a los medios de comunicación les ha hecho daño, y que su angustia y dolor se incrementó al conocer que los implicados en la muerte de su hermano eran policías nacionales.