o sé cuántos de ustedes han pagado alguna vez por usar algo de Google, pero presumo que pocos. Uno se pregunta cómo una compañía que cobra casi nada a casi nadie puede facturar 90.000 millones de dólares y ganar 20.000. Hace unos días nos sorprendía con otra salvajada que asusta incluso a los que vivimos de fabricar software más de veinticinco años.

Hasta ahora todos acogemos con normalidad que un chisme sume, reste y sea capaz de calcular la distancia más corta entre dos puntos sin ser una recta, o que hagamos botón derecho, mejorar, y esa foto cobre luz y realismo, pero lo que aún no habíamos visto es que un modelo de inteligencia artificial fuera capaz de escoger una imagen, sosa donde las haya, y elabore capas, retoques y ajustes por zonas hasta dejarla como a un humano le gustaría contemplarla.

Lo que algunos tardan años de cursos y universidades en aprender a hacer, ejecutado magistralmente por una máquina: interpretar la belleza es la diferencia y este hecho lo cambia todo, porque saber que algo es más bello que otra opción a ojos de la mayoría de los humanos, y acertar, es auténtica magia artificial. De nuevo han sido los ingenieros de Google, y no les quepa duda que en un pis pas lo tendremos gratis en nuestros móviles.

Podríamos contar mil hazañas que nos llegan sin costarnos un euro, pero no tenemos ahí el problema sino en que el abogado cartagenero José Muelas, hábilmente, se haya percatado de que cambiando un carácter en una dirección del navegador cualquiera podía acceder a cualquier otro expediente judicial. Ellos, que te hacen firmar mil documentos de renuncias a la privacidad cada vez que te acercas a la Ley de Protección de Datos y van y la pifian a más no poder. Ninguno de mis clientes aguantaría tanto. Ya se habla del desastre LexNet para definir lo que está ocurriendo con el sistema informático que se ocupa de gestionar el modelo de comunicaciones entre los juzgados y los profesionales del sector. No vayan a pensar por un momento que es un modelo de gestión automatizada total, que ya saben cómo andan de papeles y de plazos y aún así, estamos ante la mayor chapuza pagada con dinero público: más de 7 millones de euros adjudicados mediante un sistema opaco y difícil de desenmarañar donde están interviniendo docenas de empresas con contratos y subcontratos de imposible rastreo y todo para que la semana pasada quedara el sistema fuera de juego, volver a resucitar y hace unos días de nuevo inoperativo con múltiples fallos, generando un estado de confusión en el dato insoportable.

No se puede ser tan torpe picando código como para no proteger que un cambio de caracteres en un navegador vulnere un principio tan primario en la seguridad informática. Un estudiante de primero de primero no lo cometería.

El problema está en la generación de modelos tabú de contratación donde nadie sabe qué hay que controlar, ni qué resultado hay que obtener para poder pagar por él. Dejen que una empresa lo haga gratis, que oferte el modelo y los abogados se vayan suscribiendo al proyecto, como todos estamos suscritos a Whatsapp o a Twitter, y no me digan que no puede hacerse así porque son datos sensibles. Como si hubiera peor protección que estar en sus manos o como si alguien no supiera que hoy el sistema conoce exactamente dónde estamos, dónde nos toca ir cada día y a cada hora, lo que le hemos dicho a nuestra pareja antes de llegar y lo que vamos a tardar. Software gratis, pago cuando lo uso y funciona seguro y durante todo el tiempo.