La Consejería de Cultura ha iniciado un expediente sancionador con la empresa Teberia C. B. por derribar parte de una escalera interior situada en el número 10 de la plaza de Castellini. De forma elíptica y sinuosa, la citada escale estaba incluida en el catálogo de bienes protegidos, hecho que constituye una infracción grave sancionable según los artículos 74 y 76 de la Ley 4/2007 de Bienes Protegidos, señala la directora de Bienes Culturales, María Comas.
De este modo, Bienes Culturales ha respondido a la denuncia de un vecino que en diciembre de 2016 puso en conocimiento de este departamento la demolición parcial de una escalera -similar a la existente en el Museo Ramón Gaya de Murcia catalogado como espacio de interés cultural- tras esperar ocho meses, sin éxito- a que el Ayuntamiento de Cartagena contestara una denuncia que remitió al Consistorio en abril de 2016.
En el proyecto inicial que la empresa presentó ante el Consistorio en 2008 se recogía expresamente la conservación de la citada escalera, algo que no se cumplió.
Urbanismo alegó falta de personal
«El entonces director general de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, alegó falta de personal para hacer una inspección que confirmara los hechos, que están verificados en un acta notorial», indicó este particular que también ha puesto una denuncia ante la Fiscalía de Cartagena por presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio
La citada escalera aparece recogida como un elemento de interés con un grado tres de protección en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Cartagena (PEOP), señaló José Ignacio de Nieves Serra, vecino del inmueble y denunciante. En su respuesta, Bienes Culturales advierte de que el 3 de marzo de este año, en la visita de inspección que hicieron los técnicos del servicio de Patrimonio Histórico, se detectó que en la escalera protegida «sólo se conservan dos tramos, los existentes en la planta zaguán y en la primera; y que la original ha sido parcialmente derribada y sustituida por otra de nueva construcción a partir de la segunda planta».
El informe de los técnicos, que data del pasado 6 de marzo, cuantifica los daños producidos en 18.173 euros. La sanción final dependerá del resultado definitivo de los informes y, como máximo, según recoge la ley, podría llegar a multiplicarse por cuatro, señaló un portavoz de la Consejería. En este momento, la tramitación se encuentra en esta fase de actuaciones previas, señaló la misma fuente.
