El futuro uso de la antigua cárcel de San Antón depende de si el Ayuntamiento de Cartagena y la nueva propiedad del presidio, la empresa Perpetuo Socorro, llegan a un acuerdo por el que los actuales dueños cederían parte de la instalación para fines sociales y culturales. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos de Instituciones Penitenciarias adjudicó en subasta este inmueble y la parcela que lo rodea al Perpetuo Socorro por 563.000 euros. La venta tuvo lugar hace más de un mes, sin que nadie más pujase por la vieja cárcel de San Antón.
En estos momentos, este inmueble protagoniza un conflicto de intereses, entre el Consistorio y el Perpetuo Socorro. El pleno municipal aprobó el pasado jueves una moción conjunta de todos los grupos políticos que contempla una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que la cárcel tenga un uso socio-comunitario. Esta moción se presentó a instancias de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), aunque Ciudadanos también iba a presentar una iniciativa en este sentido.
Sin embargo, sus nuevos propietarios compraron la instalación con el objetivo de ampliar el hospital de Sebastián Feringán, que ya ha cumplido 50 años. La empresa invertiría nueve millones de euros en este proyecto, que contempla la creación de 300 habitaciones individuales y más de una centenar de puestos de trabajo, además de la puesta en marcha de un parking público para la plantilla sanitaria, los enfermos y sus familiares, así como los vecinos de San Antón, barrio que carece de suficientes aparcamientos.
El alcalde de Cartagena, José López, ya comentó en enero la posibilidad de que los nuevos dueños del presidió cedieran parte del uso del inmueble para darle un uso cultural.
Asimismo, en la citada moción se contemplaba la posibilidad de que el Ayuntamiento impugnase la venta de la cárcel, en caso de no haber sido informado de forma prioritaria antes de la convocatoria pública de la subasta. Fuentes de Instituciones Penitenciarias contestaron ayer a esta Redacción que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos (SIEP) no está obligada a comunicar el citado procedimiento a la Administración municipal. Añadieron que el alcalde de Cartagena visitó las instalaciones hace meses.
Sin embargo, el Gobierno local considera que cuando lo que se saca a subasta es un bien público «se debería comunicar a las administraciones implicadas para ver si se puede llegar a un acuerdo de cesión, como se hace con otros ministerios, como por ejemplo, la cesión de uso del cerro y el castillo de La Atalaya, por parte de Defensa», indicaron.
Por otra parte, el Ejecutivo local está pendiente de la resolución de la Comunidad Autónoma a la petición de Movimiento Ciudadano de que se incoe expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del presidio. Por ese motivo y porque así se aprobó en la citada moción conjunta en el pleno municipal, el Ayuntamiento no va a autorizar la licencia de derribo (que ya ha solicitado el Perpetuo Socorro). La empresa también ha solicitado autorización para iniciar las obras del parking público que ocuparía una parcela de 3.000 metros cuadrados sin techar.
La prioridad del Ejecutivo local, que recuerda que la cárcel, «la ha vendido un Gobierno del Partido Popular, es darle una solución a este asunto lo antes posible y en beneficio de los vecinos», aunque no ignora que corre el riesgo de que la nueva propiedad del presidio lleve al Ayuntamiento a los tribunales por perjudicar sus intereses. Hay que recordar que la moción que limita el uso de la cárcel a fines socio-comunitarios se aprobó el jueves, 23 de febrero, un mes después de que el Perpetuo Socorro adquiriese la finca en subasta pública.
Esta Redacción trató ayer -sin éxito- de conoce la postura del Perpetuo Socorro ante la decisión adoptada por el pleno. La finca incluida la edificación, que se abrió en 1936, tiene una extensión de unos 3.500 metros cuadrados. Durante años ha estado abandonada y sólo se usó para exponer una instalación cultural en un festival local hace al menos nueve años.
