Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha pedido hoy al Gobierno local que anule el contrato del servicio de agua potable con Hidrogea tras conocerse que presuntamente la empresa matriz Aquagest financió ilegalmente a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En un comunicado, la formación morada señala que esta decisión obedece a que Aquagest presuntamente "abre el grifo solo para financiar campañas electorales" y que es "evidente" que la empresa "tiene de rehén" a los ayuntamientos y "ahora nos enteramos que también a los partidos".

Según las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, Aquagest Región de Murcia (hoy Hidrogea) hizo al menos dos pagos a la formación política, el primero, de 40.000 euros, cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento catalán en 2012, y el segundo, de 20.000 euros más, dos semanas después.

Requerida por la Agencia EFE, la empresa Hidrogea no ha querido hacer valoraciones sobre esta cuestión.

Para CTSSP, resulta "inadmisible" que un "monopolio privado intervenga en la vida política" de un territorio repartiendo "presuntas prebendas a costa del dinero de los usuarios de otros municipios".

Además, se ha preguntado si Cartagena tiene uno de los recibos más caros del servicio de agua por causas "estrictamente técnicas" o por los supuestos "desvíos" para financiar campañas electorales "que nada tienen que ver" con Cartagena.

"Desde CTSSP comprendemos mejor aún la renuencia de la empresa a integrarse en la Mesa de la Tarifa del Agua: prefiere pasar por los despachos de los grupos políticos antes que sentarse con todos los agentes sociales del municipio", añade el partido afín a Podemos.

Ha exigido al consistorio que realice una auditoría que ponga negro sobre blanco los costes del servicio del agua y que convoque urgentemente la Comisión de Seguimiento del Agua para que el Gobierno informe al detalle de cuál es su propuesta tarifaria para 2017.

Igualmente, ha reclamado la inclusión del servicio del agua en los presupuestos municipales, la conversión de la tarifa en tasa y la anulación de la ampliación del contrato hasta 2042.

Ha solicitado la investigación por parte del Gobierno municipal de las irregularidades aparecidas en prensa, en concreto, si estas presuntas tramas de financiación irregular también han alcanzado al ayuntamiento, y que se investiguen los posibles sobrecostes del servicio en el municipio, como se ha hecho en Lorca.