24 de febrero de 2017
24.02.2017

El Ayuntamiento blinda la cárcel de San Antón para que se garantice su uso social

?Una moción unánime reclama el inventario y catalogación patrimonial de la antigua prisión y la modificación del Plan General para recoger su protección ? Los grupos municipales aprueban que no se autorice ni conceda licencia de derribo, obras o declaración de ruina sin los informes necesarios

24.02.2017 | 00:19
El Ayuntamiento blinda la cárcel de San Antón para que se garantice su uso social

Blindada. Así quedó la cárcel de San Antón ayer tras el pleno que aprobó una moción conjunta de los cinco grupos municipales para garantizar un uso social a las instalaciones. El texto recoge una solicitud «para inventariar y catalogar la prisión y que se prevea la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en consonancia a dicha protección, además de que se contemple el uso sociocomunitario de las instalaciones».

Asimismo, los cinco grupos municipales coincidieron en exigir que el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento haga un informe histórico de la cárcel y que técnicos de Urbanismo efectúen un informe arquitectónico para que sean adjuntados a la solicitud de inventariado y catalogación.

De igual forma, la iniciativa quiere impedir que el presidio, por lo que reclama «que no se autorice ni se conceda licencia de derribo, obras o declaración de ruina sin los informes preceptivos. Sobre este aspecto, el pleno solicitó además que se comunique a todos los grupos municipales cualquier actuación, en caso de que el propietario del inmueble las solicite.

Finalmente, la moción recogió que, en caso de que el Ayuntamiento no haya sido informado de forma prioritaria antes de la convocatoria pública de la subasta de la cárcel, «impugne dicha venta por incumplimiento de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la intención de conseguir la prisión bajo titularidad, uso y gestión municipal».

Además, el antiguo presidio también tuvo protagonismo en el pleno municipal a través de las preguntas formuladas por Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) y por el PP. La formación promovida por Podemos quiso conocer los impuestos que se adeudan al Ayuntamiento por la cárcel y si se ha solicitado un informe patrimonial e histórico del inmueble. Los ediles Isabel García, de Hacienda, y Ricardo Segado, de Patrimonio, indicaron que no existen impuestos adeudados y que el informe se ha solicitado a la Comunidad Autónoma.

Los populares preguntaron sobre cuándo se enteró el Ayuntamiento de la compra de la cárcel, a lo que García contestó: «Cuando salió en prensa».

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