Las viviendas y negocios ya tramitados, en fase de desarrollo o a punto de comenzar en suelo urbano consolidado se ´salvan´ de la aplicación de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena de 2012. La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena coincidieron ayer al señalar que el artículo 145.5 de la Ley regional del Suelo, permite el desarrollo del planeamiento ya iniciado. En este sentido, la secretaria general de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, señaló que se trataría de emplear una medida recogida en la Ley del Suelo, aprobada en 2015, y que consiste en «elaborar un documento que recoja las necesidades inmediatas de los vecinos de Cartagena con el fin de darles amparo legal y continuar con el crecimiento económico y el bienestar social de la ciudad».
Muñoz, quien ayer participó junto al alcalde José López, y técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento, en la reunión de la comisión de seguimiento del PGOU, señaló que el Gobierno regional «respeta las decisiones judiciales en relación al Plan General» y añadió que la Comunidad «mantiene una colaboración absoluta con el Ayuntamiento, prestándole asesoramiento para que dé solución a las cuestiones más urgentes».
Identificar cuestiones urgentes
Equipos técnicos especializados de ambas administraciones «van a identificar cuáles son las cuestiones más urgentes que hay que atender, a propuesta del Ayuntamiento», precisó Muñoz. «Serán tramitaciones muy justificadas para dar solución a propietarios del suelo y de viviendas», añadió. La Comunidad marcará una serie de normas transitorias, que estarán en vigor hasta que no se apruebe un nuevo plan, para cuya elaboración el Gobierno regional también dará un plazo al Consistorio. Estas normas serán relativas a suelo urbano, escombreras, protección de edificios fuera del casco urbano y de arbolado.
Con esta información se elaborará un documento «transitorio» que analice la situación actual de los núcleos urbanos y unifique la aplicación de las normas relacionadas con edificaciones y actividades comerciales, los criterios de accesibilidad actuales y otras condiciones técnicas, para dar las mayores garantías a los propietarios de suelo o de viviendas y a aquellos que quieran abrir un negocio, al margen de su tamaño. Tras este paso, se emitirán los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos que serán estudiados por el Consejo de Gobierno. Este documento estará en vigor hasta que no se apruebe el nuevo plan urbano y mientras se trabajará en la aprobación inicial del mismo.
López señaló su voluntad de seguir trabajando en el PGOU agotando de forma simultánea las tres vías de las que actualmente se dispone, como son el recurso judicial, el artículo 145.4 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y empezar con la elaboración de un nuevo plan. A su vez, Muñoz matizó que «ahora hay que trabajar en el nuevo PGOU que consiste en recoger prácticamente el mismo espíritu del anterior, ya que el motivo de su invalidación se debe a «una nulidad formal», argumentó. De hecho, la asesoría jurídica y los servicios de Urbanismo municipales ya preparan el recurso de reposición ante el TSJ.
López insistió en que «hay que empezar ya con una revisión, con la tramitación de un nuevo plan, ya que todo lo que hay fuera del casco histórico que estaba protegido, ahora no lo está». En el valle de Escombreras «no se puede desarrollar nada. Hay empresas que quieren instalarse y cuando depende la creación de empleo y la generación de riqueza en la Comunidad de ese polo energético, quedarnos ocho o diez años sin que nadie pueda acercarse es algo que no cabe en la cabeza», dijo.
