«Existen indicios racionales de criminalidad» en los cinco policías nacionales -un sexto murió en prisión- procesados por la muerte de Diego Pérez, el vecino de Las 600 que desapareció en marzo de 2014 y apareció muerto en la playa de Cala Cortina dos semanas después. Así lo expresó la fiscal María Lendínez al finalizar la audiencia preliminar celebrada ayer en el Juzgado de Instrucción 4 de la ciudad, que volvió a citar a todas las partes del proceso.

Una audiencia a la que no acudieron los acusados al considerar la jueza, según fuentes consultadas, que no era imprescindible su presencia para llevar a cabo el último paso antes de elevar la causa a la Audiencia Provincial, que deberá ahora buscar fecha para la celebración de la vista oral.

Los abogados defensores de los agentes, Mariano Bo, Carlos Barbas, José Antonio Prieto, Raúl Pardo-Geijo y José María Caballero Salinas, reclamaron en la audiencia preliminar la nulidad de escuchas practicadas en la investigación en las que ha quedado acreditado que las voces no corresponden con algunos de los sospechosos, algo que reconoció la fiscal, pero afirmó que sí son relevantes para conocer «el carácter violento» de los acusados. La acusación particular, dirigida por Francisco Belda, apoyó y se sumó la decisión tomada por el Ministerio Público.