El presidente del PP cartagenero y exconcejal de Urbanismo, Joaquín Segado, prometió ayer dimitir si resultaba condenado por prevaricación en el caso que le investiga -junto al actual jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez, y una letrada municipal- por anular una obra en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía. Segado mostró su «sorpresa» por la apertura del juicio oral contra él y añadió que cumplió con su obligación de tramitar la propuesta de los funcionarios de anular la licencia de 21 apartamentos.

El exconcejal declaró en rueda de prensa que confía en que la Audiencia Provincial archive la causa tras resolver en breve el recurso que han interpuesto él y los otros dos imputados. «Tengo ese convencimiento porque todos nosotros cumplimos nuestra obligación: los funcionarios haciendo que se cumpliera la ley y yo mismo dando trámite a su propuesta de anular la licencia», afirmó.

Y es que, el presidente del PP local recordó que cuando la Fiscalía «cambió su criterio» inicial hace un año, que era pedir el archivo, los tres funcionarios presentaron un recurso no resuelto todavía ante la Audiencia Provincial para que se les permitiese aportar pruebas que contestaran a los nuevos argumentos del Ministerio Público.

En sus explicaciones, Segado apuntó que la causa se abrió como consecuencia de la denuncia de unos promotores inmobiliarios a los que el Ayuntamiento decretó la caducidad de una licencia cuando habían incumplido su obligación de iniciar la obra. En este sentido, el exconcejal aclaró que los servicios jurídicos de Urbanismo argumentaron tres causas diferentes que obligaban a decretar la caducidad de la licencia y, en base a esas razones, iniciaron un expediente que desembocó en el decreto que firmó, por lo que considera que es un «trámite administrativo del Ayuntamiento y no una decisión política».

Tres razones de peso

Segado explicó que el primer motivos por el que se retiró la licencia y que forma parte del recurso planteado es que el proyecto de construcción de viviendas carecía de dirección técnica, es decir, «no había ningún arquitecto como jefe de las obras, algo que no puede ser». Junto a esta razón, los técnicos añadieron en aquel momento «que el proyecto carecía de licencia de actividad, ya que la presentaron pero no pagaron las tasas ni presentaron un proyecto técnico» y que entre 2005 y 2010 todo estuvo parado, «incumpliendo los plazos que marca la legislación», dijo.

Finalmente, Segado aclaró, que la acusación por expropiación ilegal, que también se incluía en la denuncia por parte de la promotora de las viviendas, fue descartada en una fase muy inicial de la instrucción tanto por el juez como por la Fiscalía.