«Si hay un funcionario que está sentado en un banquillo, tiene que dar un paso a un lado». Con estas palabras se refirió ayer el alcalde José López al caso en el que el actual jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez, junto al exconcejal del área y actual presidente del PP local, Joaquín Segado, y una letrada municipal, están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación y de expropiación ilegal en los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía.
López aclaró que el 'paso a un lado' sería «de manera cautelar», hasta que se resuelva el proceso judicial en el que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, María Pascual, dictó un auto que decreta la apertura de juicio oral sobre Segado y los dos funcionarios del Ayuntamiento.
La base de la investigación es la denuncia de la sociedad Apartamentos Turísticos La Azohía sobre los tres sospechosos a los que acusó de devolver la calificación de suelo para equipamiento público la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil de la localidad costera, después de otorgar un permiso a la empresa para construir allí un complejo turístico y comercial.
Un cambio en el uso del suelo que el Ayuntamiento justificó entonces por que la mercantil dejó caducar la licencia de obra, según Urbanismo.
Reacciones políticas
En cuanto a la situación de Segado, las reacciones políticas no se han hecho esperar y el PSOE ya ha solicitado su cese como asesor de la consejería de Cultura al ser citado a una vista oral por presunta prevaricación.
El secretario de Comunicación del PSOE, Emilio Ivars, recordó en un comunicado que la ley de Transparencia deja claro que el cargo que ocupa el también presidente del PP cartagenero como asesor de la Consejería en la ciudad portuaria es «incompatible» con la apertura de ese juicio por ese presunto delito.
«Es incomprensible que siga un minuto más en el cargo, un puesto de confianza y de responsabilidad pública», declaró el diputado socialista, que añadió que en el caso de no dimitir, la titular de la consejería, Noelia Arroyo, «debería cesarlo de inmediato» para cumplir la ley y por la «regeneración democrática y por la ejemplaridad de las instituciones».
De igual forma, Ivars denunció el uso del PP de las instituciones públicas como «lanzadera de cargos políticos» y como «salvavidas» de imputados o investigados en causas de corrupción política.
El diputado socialista recordó que el artículo 54 de la ley de Transparencia dice que «un cargo público electo o de libre designación deberá abandonar ese puesto cuando conozca fehacientemente que un juzgado o tribunal competente lo declare imputado por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal».
