El supervisor de una planta de gas de Cartagena se ha quedado sin empleo por robar gasoil y cargarlo posteriormente en su vehículo tras accionar la bomba del carburante.

La empresa tras las sospechas de que se producían sustraciones de carburante adoptó las medidas adecuadas hasta dar con el autor que, posteriormente, fue despedido. El Juzgado de lo Social de Cartagena aceptó las pruebas aportadas por las propias cámaras de vigilancia de la empresa, así como también el testimonio de testigos que pudieron presenciar el delito.

El autor de los hechos presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia en contra del citado fallo. En su recurso esgrimió que su despido fue improcedente solicitando que fuese revocado y que «se tuviera en cuenta su difícil situación».

Además, en el recurso cuestionó la validez de las pruebas aportadas en el juicio en base a las imágenes captadas por las cámaras.

La Sala de Lo Social del TSJ desestimó finalmente el recurso del supervisor añadiendo que la existencia de dichas cáramas de seguridad eran conocidas por todos los empleados y que la instalación de las mismas se ejecutó al tratarse de una empresa de gases.