La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso que el ayuntamiento de Cartagena presentó contra el auto de un juzgado que estimó la solicitud de medida cautelar planteada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) de El Batel y lo condenó a pagarle 562.000 euros.

La sentencia indica que el Juzgado de lo Contencioso de Cartagena, al que correspondió el asunto en su día, dio la razón a la citada UTE formada por Gestipolis GH y Sonora Producciones y ordenó al Consistorio a pagar la suma reclamada, junto con los intereses de demora.

La citada deuda, señalaba el juzgado cartagenero, derivaba del impago del precio estipulado en el contrato administrativo suscrito en octubre de 2011 para la gestión del Auditorio y Palacio de Congresos de El Batel y la programación y gestión de actividades escénicas y de otro tipo correspondiente a un semestre.

La resolución, que ahora encuentra el respaldo del TSJ, señalaba igualmente que la aprobación de la medida cautelar solicitada por la empresa estaba amparada por la ley, además de tener en cuenta que el Ayuntamiento no había acreditado que la cuantía reclamada fuese excesiva o que justificara su decisión de no pagar. Además, tuvo en cuenta que el pago de la deuda no suponía la producción de daños de imposible o difícil reparación.

Al desestimar el recurso presentado por el Consistorio, la Sala, que tiene como ponente a la magistrada Pilar Rubio, dice que «alega la parte apelante que ha acreditado circunstancias que justifican el impago del precio reclamado al existir conceptos no calculados o que deben ser interpretados». Asimismo, la Sala añade que, «como señala el auto recurrido, se trata de la reclamación de un precio fijo cuyo cálculo no requiere de ninguna operación; las cláusulas del contrato no ofrecen duda interpretativa alguna».

El equipo de Gobierno no hizo valoraciones porque dijo no tener conocimiento del fallo. Por su parte, fuentes de la UTE manifestaron su satisfacción por la resolución de la Sala e indicaron que «no entendemos por qué el Ayuntamiento no abona el precio estipulado y sigue recurriendo la sentencia».