Los propietarios afectados por la anulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) están dispuestos a llevar ante los tribunales al ayuntamiento de Cartagena. Después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Plan Urbano, los afectados, que se constituyeron a finales de 2015 en un plataforma que aglutina a un centenar de propietarios- advierten de que la responsabilidad del Consistorio cartagenero «es multimillonaria».
La plataforma celebrará hoy una reunión en la que decidirán las medidas que tienen previsto adoptar. David Ferrer, portavoz del colectivo señaló que «muchos empresarios pierden derechos concedidos en 2012, y otros habrían pagado un impuesto de Bienes Inmuebles por un terreno clasificado como suelo urbanizable, con el incremento de la cuota».
Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, indicó que el fallo del Supremo ha señalado deficiencias formales y habrá que hacer una exposición pública nueva. Se está trabajando con el Ayuntamiento con una buena colaboración para acatar la sentencia, resolver las carencias del plan de forma coordinada, y actuar de la forma más rápida posible».
Añadió que «los empresarios no tienen nada que temer ni nadie que se haya visto o se pueda ver perjudicado por una situación de indefinición o de limbo jurídico por normativa urbanística» y añadió que «el objetivo es darle la máxima seguridad jurídica a la ciudad de Cartagena para que esto no pueda suponer que se pierda una inversión o se genere una imagen de desconfianza que tan negativa es para la creación de empleo».
Por su parte, el alcalde José López indicó que «vamos a acatar la sentencia y a retocar el PGOU subsanando los errores; y una vez que tengamos el documento lo llevaremos al pleno y se someterá a exposición para avanzar y ver si podemos aprobarlo». López añadió que «si hoy en día quisieran hacer un campo de golf los señores de Novo Carthago lo podrían hacer porque estamos en el plan de 1987».
El PSOE envió una nota en la que avanzó que aprovechará la exposición pública del plan para incrementar las medidas de protección de espacios naturales como el Mar Menor, Cala Reona o Calblanque.
