«Presenten una moción de censura contra mí, contra la vicealcaldesa o contra todo el Gobierno». Esas fueron las palabras finales de la portavoz del PSOE y concejala de Turismo, Obdulia Gómez, al contestar a la moción presentada y aprobada ayer en el pleno por Cartagena Sí Se Puede -votaron a favor PP y Ciudadanos- para reprobar a la número dos del Ejecutivo local, Ana Belén Castejón, por tener como secretario del grupo municipal socialista a Alfonso Sahuquillo y cobrar del erario público mientras estaba preparando oposiciones en Madrid.

Una respuesta que dio muestra del deterioro de la relación entre la formación promovida por Podemos y el equipo de Gobierno, formado por MC y PSOE y al que apoyó en la investidura, pese a que el defensor de la moción, Francisco Martínez, aclaró que la iniciativa «no tiene nada que ver» con la ruptura del acuerdo de gobernabilidad.

No obstante, Martínez denunció en el pleno que Castejón les amenazó «cariñosamente» con anunciar los gastos que genera la eurodiputada cartagenera de Podemos Lola Sánchez en caso de seguir adelante con la petición de reprobación, que finalmente ha declinado pedir al Gobierno que recupere las cantidades cobradas por Sahuquillo.

Gómez salió al paso de las acusaciones emplazando a Martínez a que pruebe en un juzgado esas «amenazas cariñosas» y criticó la «fijación» hacia la vicealcaldesa cuando debería ser ella misma la reprobada como proponente para el cargo de Sahuquillo. Asimismo, recordó que los informes jurídicos del Ayuntamiento determinan que la contratación del exsecretario del grupo socialista fue legal.

De esta forma, es la primera vez en la historia que el pleno critica de forma oficial la acción de un concejal, en este caso la vicealcaldesa, a la que le critican además que «conocía que el edil socialista

Francisco Aznar se había construido una piscina sin permiso en su casa», así como «por su falta de diligencia para pedir los cursos de formación para parados al Servicio Regional de Empleo y Formación».

No habrá auditorías externas

El pleno rechazó asimismo hacer auditorías externas a las empresas Hidrogea y Lhicarsa porque los técnicos municipales ya están supervisando el trabajo de las compañías y sería «un gasto innecesario de dinero», según la concejal de Hacienda, Isabel García. El alcalde recordó que la Intervención Municipal, que es quien debe encargar las auditorías, cuenta con un presupuesto de 25.000 euros hasta final de año para hacerlo, si lo cree necesario.