La Ley 3/2016, para el pleno funcionamiento del Hospital del Rosell como centro sanitario general, ha entrado hoy en vigor con dudas sobre su aplicación por parte de la consejería de Sanidad, que ha apostado por seguir su Plan de Funcionalidad, al tiempo que el PP anunció que estudia llevarla a los tribunales por incumplir cuatro normas legales.
La ley, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, contempla que durante este año deben ponerse en marcha 11 líneas estratégicas, entre otras, un servicio de Urgencias de alta resolución, los quirófanos a pleno rendimiento, potenciar las consultas de especialidades y un potente servicio para diagnósticos y laboratorio.
Además, el texto, que fue aprobado por la Asamblea Regional con los votos de la oposición, mandata al Ejecutivo murciano a dotar de recursos y formalizar las medidas necesarias para el establecimiento de la estructura y órganos de dirección como hospital general antes de 2018.
La ley también incluye que en los tres meses siguientes a su validación por la Cámara autonómica, la consejería de Sanidad deberá establecer la organización de servicios de este centro sanitario y el Hospital de Santa Lucía, además de crear una comisión de seguimiento que verifique el cumplimiento de la norma, en la que estará presente la plataforma en defensa de la sanidad pública 'Salvemos el Rosell'.
Sin embargo, la consejería de Sanidad, a través de su secretario general, Martín Quiñonero, ya advirtió que la ley contradice los criterios de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad, además de no contar con presupuesto, que cifró en unos 50 millones de euros, ni responder a las necesidades asistenciales del área.
Para Quiñonero, la ley generaría una "merma" en la calidad asistencial de los usuarios, y aboga por el Plan Funcional que su departamento está llevando a cabo, que prevé la paulatina restitución de servicios en el centro sanitario.
A la oposición del Ejecutivo murciano se une el anuncio por parte del grupo parlamentario Popular de estudiar la presentación de recursos a la norma ante la justicia por incumplir cuatro leyes, entre ellas la Constitución Española.
Finalmente, la oposición ya ha avisado de que estará "vigilante" para que se cumpla la ley, tal y como manifestó el portavoz de Podemos, Oscar Urralburu, quien adelantó en el Pleno que aprobó la norma el pasado 10 de marzo que también se plantearían acudir a los tribunales si el Ejecutivo murciano no pone en marcha las once líneas estratégicas.
