Andaba por los Juzgados de Totana, junto a mi compañera, atendiendo un asunto por tráfico de drogas. Pronto nos hicimos amigos del compañero que se encargaba de la defensa del otro imputado. Rondaría éste los 60 años de edad. Llevaba un pin en su chaqueta que me llamó la atención. Parecía un símbolo militar. Le pregunté por ello. Pronto nos confesó que él era coronel del ejército de tierra y que se licenció en derecho al poco de entrar en la reserva.
Su imagen de éxito, de orden y principios, contrastaba soberanamente con la de unos juzgados pobres, sin fiscales ni forenses, desordenados, decadentes, sin medios y sin la elegancia que se espera. El oficial representaba a un señor de una generación ordenada, que ya se esfuma.
Las paredes del interior del edificio no sólo agrietadas sino también desconchadas hasta verse los ladrillos, otorgaban un aspecto deshonroso pese a ser la edificación casi de nueva construcción. El inmueble fue construido hace unos doce años, justo cuando aquello de la burbuja inmobiliaria, los brotes verdes y cuando pensábamos que todos teníamos que tener de todo y en todas partes.
En España y sobre todo en la Región de Murcia somos así de chulos, nos encanta marcar paquete, dos aeropuertos son ejemplo de ello. Pero a lo que vamos, en esta Comunidad Autónoma disponemos de juzgados en 11 municipios, de 45 que somos, repartidos de norte a sur: Yecla, Jumilla, Cieza, Mula, Molina, Caravaca, Murcia, Cartagena, San Javier, Totana y Lorca. Esto ha conllevado, inevitablemente, a una estructura insostenible, agigantada e innecesaria. De ahí los juzgados pobres, sin fiscales, forenses y en general falta de personal, el desorden y la consecuente decadencia a la que antes aludía y se refirió magistralmente Antonio Machado en sus poemas sobre España.
Ese día nos dirigimos al Juzgado de Instrucción e Instancia número uno, que hacía funciones de guardia. La juez titular no estaba. Le sustituía el del número dos. Un tipo alto y peculiar donde los haya. Vestía con pantalones vaqueros, color gris desgastados; camisa de cuadros abierta hasta el segundo o tercer botón; el suéter por los hombros; el pelito largo, lacio y suelto. Portaba entre sus manos un teléfono con una funda entre rosa y fucsia del que no levantó la mirada ni cuando los investigados prestaban declaración.
Pero lo fuerte no fue eso, porque al fin y al cabo ya estamos acostumbrados a tener diputados-señorías con rastas, sin chaqueta en pleno Congreso o incluso recostados con los pies en alto. Lo muy grave es que en aquellos juzgados no haya ni un sólo fiscal que ejerciera la acusación pública de manera presencial.
El procedimiento habitual es que los funcionarios remiten las actuaciones obrantes por fax o correo electrónico al fiscal habilitado en Lorca. La entrevista-negociación con los letrados se hace vía telefónica. El fiscal no está presente en las declaraciones. El ministerio fiscal formula acusación (si procede) sin haber oído a los detenidos y sin haber visto los medios de prueba en los que se ha valido la defensa. Para la comparecencia del 505 LCrim (donde se resuelve sobre la situación personal del detenido para si ingresa o no en prisión) se hace por videoconferencia. Todo un despropósito.
El coronel no daba crédito a lo que veían sus ojos, pero es que nosotros tampoco. Particularmente a mí la cabeza me estallaba. Espantados, no pude contenerme para proceder a interponer una queja al CGPJ, porque me duele especialmente España y porque necesitamos un cambio de modelo. Sólo pido una justicia con las garantías y las formas propias de un país elitista y no tercermundista. Es preferible que tres o cuatro localidades murcianas tengan unos señores juzgados que no once y esto se convierta en un patio de colegio, que es lo que es hasta el momento.
