El ayuntamiento de Cartagena tiene ya el presupuesto asignado para reformar una decena de pisos del parque municipal de viviendas. En total disponen de unas cincuenta casas que Servicios Sociales arrenda con precios por debajo de mercado a familias en grave riesgo de exclusión.

La edil encargada de esta área, María del Carmen Martín, considera que el «número de pisos disponibles es insuficiente». Por eso, el Ayuntamiento negociará con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el conocido como 'banco malo'- para que haya más viviendas sociales en el municipio, al igual que se está haciendo en ciudades como Zaragoza o Barcelona. La idea es que la entidad financiera las arrende con alquileres que puedan asumir las familias en riesgo de exclusión, algo que «aún no se ha hecho en Cartagena porque la Sareb trataba este asunto directamente con la Comunidad Autónoma, pero la lentitud de la Administración regional nos obliga a dar el paso», explica Martín.

Sólo en el casco histórico hay unas 80 viviendas bajo dominios de la Sareb. El propósito de pedirle al 'banco malo' que deje de tener cerradas sus casas surge por parte del Gobierno municipal tras abrir una oficina antidesahucios. En cuatro meses que lleva funcionando se ha atendido a más de un centenar de familias. «Lo importante de la oficina es que abre todos los días y la cita es inmediata, se ayuda al momento a todo el que va», sostiene María Conesa, de la Plataforma Antidesahucios (PAH). Ayuntamiento y activistas se sientan periódicamente para analizar las necesidades de los ciudadanos más vulnerables. «Algo que no pasaba con el PP», replica.

Servicios Sociales y la PAH confirman que Cartagena tiende al 'desahucio cero'. De hecho, los lanzamientos hipotecarios se están posponiendo hasta mayo de 2017, aseguran desde la plataforma. «Ahora los bancos están más sensibilizados e, incluso, se está consiguiendo que gente que iba a ser desahuciada no pierda la propiedad de su inmueble y renegocie la hipoteca mensual que abona a la entidad financiera», afirma Conesa. Servicios Sociales también contribuye en este asunto, «recibimos las notificaciones judiciales un mes antes de que se produzcan y nos ponemos en contacto con las familias», dice la trabajadora social Beatriz Jurado.

La oficina antidesahucios se encuentra en el edificio de La Milagrosa, en la calle Sor Francisca Armendáriz. No hace falta pedir cita. Abre de 9.00 a 12.00 horas y su teléfono es el 968128841. Allí hay un equipo compuesto por trabajadores sociales, educadores, asesores jurídicos y administrativos. La responsable del servicio, María del Carmen Ramón, recalca que «lo importante es que las familias vengan cuanto antes, incluso si prevén que a partir del próximo mes no van a poder hacer frente al pago de su hipoteca o alquiler». Servicios Sociales ofrece una ayuda integral a las familias y «por muy negra que sea la situación, siempre tenemos soluciones para ayudarles», concluye Ramón.