El personal de la Agencia Local de Desarrollo y Empleo (ADLE) está molesto con las declaraciones del alcalde José López, quien el jueves advirtió en el pleno municipal -tras el debate de una moción del PP que pedía la destitución del director de la Agencia, Diego Peñarrubia, por la perdida de subvenciones del Servicio regional de Empleo y Formación (SEF)- de que «vamos a investigar la afiliación (que no afiliación) de los trabajadores de este organismo, uno a uno, para ver cuántos tienen familiaridad con algunos de los habitantes de esta sala -en alusión a los ediles presentes en el debate- o de los habitantes del Gobierno durante los últimos 20 años, no vaya a ser que tengamos a alguien intentando hacernos la cama desde dentro. No vaya a ser que tengamos el enemigo en casa intentando hacer política».

El regidor añadió: «La ADLE de Cartagena ha sido la agencia de empleo para los amigos de algunos, y eso lo sabe todo el mundo en Cartagena y es una vergüenza».

Estas afirmaciones no han sentado nada bien al personal de la ADLE que se siente señalado por López. «El lunes me reuniré con los empleados», afirmó el presidente de la Junta de Personal, Valentín Pérez, quien censuró la actitud del alcalde al acusar a los empleados de este organismo sin pruebas. «Si las tiene que actúe según el ordenamiento jurídico, y si no las tiene, primero que investigue y si sus sospechas son fundadas que tome las medidas oportunas, pero no creo que tenga ningún derecho a opinar sobre la plantilla sin tener pruebas de lo que insinúa».

La vicealcaldesa Ana Belén Castejón también aseguró que se «depurarán responsabilidades» y se investigará «qué es lo qué ha ocurrido con esos fondos». Por su parte, el viceportavoz del PP, Diego Ortega, señaló que «esto es una caza de brujas. Lo que hacen es eludir su responsabilidad buscando entre los trabajadores algún turco al que cortarle la cabeza. Es claramente ilegal y un claro atentado contra los derechos de los trabajadores, más propio de regímenes antidemocráticos y totalitarios que de un Gobierno moderno del siglo XXI».

Asimismo, el viceportavoz popular Ortega dijo: «Esto es una decisión del Gobierno, ya que lo dijo López y también Castejón. El alcalde en vez de buscar un solución, lo que hace es iniciar un cazería» y añadió: «En diciembre, Castejón acusó al Gobierno regional, y ahora acusa a los trabajadores para eludir la responsabilidad del gerente, que sí que es amigo de Tovar y es de Murcia. Es muy grave. Al final la culpa siempre es de otros y nunca es de ellos».