Alrededor de 200 familiares, amigos y compañeros de los seis policías nacionales encarcelados desde el pasado mes de octubre por el caso de Cala Cortina, en el que se investiga la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez, se concentraron ayer en la puerta del Palacio de la Justicia de la ciudad para pedir la libertad de los agentes.
Y es que, según indicaron los familiares, pese a que la instrucción se alarga ya casi un año desde el decreto de prisión provisional para los agentes, aún no se han encontrado pruebas fehacientes de que los seis policías estuvieran implicados de forma directa en la muerte de Diego.
La concentración coincidió con que ayer el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena hizo pública su decisión de convocar una comparecencia para el próximo viernes 9 de octubre en la que notificará a los seis agentes su resolución para que sean juzgados por un jurado popular. Los policías, a los que se les imputan los delitos de homicidio o asesinato y detención ilegal, intervendrán a través de videoconferencias desde los centros penitenciarios en los que se encuentran ingresados, en Madrid y Castellón.
Las últimas diligencias conocidas del caso se centran en el informe forense llevado a cabo por los conocidos expertos Vicente Herrero y Luis Frontela, conocido forense que también ha participado en los casos de las niñas de Alcasser y de Mari Luz. En el mismo, aseguran que Diego cayó de una altura de dos metros y se rompió el cuello, cuando corría por las proximidades de los acantilados de la playa.
Este informe choca con el que en su día efectuó sobre el cadáver el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Cartagena, Alfonso Sánchez Hermosilla. El experto ratificó ante la juez que instruye el caso que la muerte de Diego fue por una llave propia de artes marciales.
