«Reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar; y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre los españoles». Éste es el principal objetivo de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, y el ayuntamiento de Cartagena acordó ayer crear una comisión encargada de estudiar y plantear las medidas oportunas para el cumplimiento definitivo de lo establecido en la norma.

Así lo acordó la Comisión de Hacienda e Interior, que se reunió ayer para analizar, entre otros asuntos, la necesidad de crear un grupo de seguimiento para que todos los parámetros de la Ley se cumplan. Y es que, tal y como ya publicó LA OPINIÓN la pasada semana, aún permanecen iconos de la Guerra Civil y la Dictadura en la ciudad, cuando la norma aprobada en 2007 obliga a su retirada.

Es el caso de los bustos del almirante Bastarreche, que permanece en un extremo de la plaza del mismo nombre, junto a la estación de autobuses de la ciudad; y del general López Pinto, cuya efigie se encuentra en la fachada del Parque de Artillería, sede del archivo municipal y del museo histórico-militar de la ciudad. Así lo denunció el abogado especialista en Derechos Humanos Eduardo Ranz, quien ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, en el que solicita la elaboración de un catálogo de los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista que existen en la Región para su posterior eliminación.

Como ya dijo este diario, la carta al jefe del Ejecutivo regional llegó tras enviar el mismo documento al Consistorio cartagenero. «El Ayuntamiento no contestó en los 45 días de plazo que contempla el derecho de petición», hecho que le movió a elevar la solicitud a Sánchez.

No obstante, el paso ahora del Ejecutivo liderado por el alcalde José López es una primera piedra para que se cumpla aquella ley de 2007. Así, a petición de la Asociación de la Memoria Histórica, se ha decidido crear una comisión que guiará a un grupo de trabajo para el asesoramiento y redacción de los informes de trabajo que considere oportunos para cumplir la normativa.

Según fuentes municipales, la comisión estará formada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, así como por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena (Favcac). Según establece la ley, el reconocimiento y posterior eliminación de los vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura no sólo se ciñe a los monumentos, sino también a la nominación de plazas y calles de la ciudad. De esta forma, la plaza Bastarreche también debería cambiar su denominación, además de retirar la estatua del almirante que le da nombre.

De igual forma ocurre con la plaza General López Pinto, donde se encuentra el Parque de Artillería. Hay que recordar que en la ciudad ya hay lugares que cambiaron su nombre en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, como es el caso del Acuartelamiento López Pinto, sede del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, que pasó a denominarse Acuartelamiento Tentegorra en 2010.