El cartagenero Benito Remedios es sólo un ejemplo de los cientos de miles de personas que viven atrapadas en España cada final de mes debido a las costas de la cláusula suelo de la hipoteca de su vivienda. Pese a que el euríbor está rozando mínimos históricos, este padre de familia residente en Cartagena ha tenido que pagar mucho más por el préstamo de su casa desde que firmara el contrato con el banco en el año 2008. Desde entonces, Benito Remedios ha abonado cerca de 27.000 euros de más por una hipoteca de más de 300.000 euros a cuarenta años.

Ahora, el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia ha condenado al Banco Popular a abonar la totalidad de la cantidad correspondiente a la cláusula suelo por «enmascarar» dicha tasa y «falta de buena fe» por parte de la entidad ya que, según la sentencia en la que se anula la cláusula suelo de la vivienda familiar, el juez dictamina que hay «una falta de información clara en el contrato».

Pese a todo, Remedios, su esposa y sus dos hijas; una de ellas menor de edad, aún no respiran tranquilos y, como dice el cabeza de familia, «de momento son todo pájaros volando porque el banco aún puede recurrir la sentencia». Sin embargo, tras más de nueve meses de espera, la abogada que ha llevado la causa, Magdalena Rico Palao, asegura que «la sentencia que ha ganado mi cliente ha abierto una brecha en la historia judicial de las cláusulas suelo puesto que, al contrario que la actual doctrina del Tribunal Supremo de sólo devolver el importe de dicha tasa desde mayo de 2013, el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia obliga a la entidad financiera a reembolsar la totalidad de los excesos de esta abusiva tasa desde la firma del préstamo hipotecario».

Juez bueno o juez malo

Como explica la letrada Rico Palao, del despacho Lexlegis, «en Murcia los casos corren doble suerte, porque el Juzgado Mercantil nº 1 sí que se acoge a las directrices del Tribunal Supremo y, por eso, no devuelve íntegramente los excesos de la tasa». Es por eso que, en función del juez que lleve el caso, el importe percibido tras ganar el juicio puede verse reducido hasta la mitad de la cuantía. No obstante, en el nº 1 sí que se condena al banco a abonar las costas del juicio mientras que, en el nº 2, cada parte del litigio tiene que pagar a sus respectivos abogados.

Si el caso concreto de la familia Remedios hubiera caído en manos del Juzgado Mercantil nº1, la cantidad abonada por el banco hubiera sido de unos 14.000 euros, muy por debajo de los 27.000 euros que aún están a la espera de recibir. Si bien, han tenido que afrontar unos 300 euros de tasas judiciales -que en la actualidad ya no se abonan- y unos mil euros de costas por los honorarios de su letrada.

De todos modos, la sentencia aún es susceptible de recurso de apelación por el Banco Popular, siendo la Audiencia Provincial la que diga la última palabra. Al margen de esto, aún están pendientes más de media docena de cuestiones prejudiciales interpuestas en Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que será, como mayor órgano judicial, el que corrija y unifique criterios respecto a esta cláusula suelo que muchas familias como la de Benito consideran «abusiva».