La Policía Científica deberá examinar el teléfono móvil que llevaba Diego Pérez, el vecino de Las Seiscientas (Cartagena) hallado muerto en la playa de cala Cortina dos semanas después de su desaparición el 11 de marzo de 2014. Así lo dispone un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia que estima el recurso que el abogado defensor de uno de los seis policías nacionales que están en prisión desde el pasado octubre al estar presuntamente implicados en los hechos. Y es que, el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz presentó un recurso contra la negativa del juzgado que investiga los hechos a practicar esa prueba.
El examen, añade el auto, analizará el teléfono del finado y recogerá toda la información que pueda contener «sobre llamadas, mensajes de texto y cualquier otro tráfico de datos que se hubiera intentado realizar desde ese móvil».
La resolución comenta que aunque esta diligencia podría arrojar pocos resultados, dado el tiempo durante el que el terminal estuvo sumergido en el agua -alrededor de dos semanas- se considera aconsejable llevarla a cabo «en aras a salvaguardar el derecho de defensa de las partes».
Por el contrario, la sala ha desestimado los recursos presentados por las defensas de otros de los agentes, que reclamaron la incorporación a las actuaciones de unas fotografías publicadas en el diario LA OPINIÓN sobre el cadáver, al no apreciar «la utilidad de su incorporación a los autos», y que se practicara una diligencia sobre la agilidad de los investigadores al reclamar la grabación de las cámaras de vigilancia de cala Cortina y del restaurante de la zona.
«Estamos superándolo»
Se trata de un nuevo paso encaminado a la resolución del caso, que esta semana ha vivido dos nuevos episodios con la comparecencia de dos médicos forenses que estiman que la muerte fue homicida y accidental, respectivamente, y con la carta abierta de los familiares reprochando al forense del caso sus «impresiones y errores» en sus analíticas sobre el cadáver.
Desde la Policía Nacional de Cartagena se mostraron ayer cautos con la investigación. «En un caso abierto como es este caso, nosotros no podemos opinar ni debemos entrar», dijo el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Francisco Ávila, quien señaló que «en la Comisaría ya estamos superando todo esto, como no puede ser de otra forma. Somos profesionales y ahora toca esperar la resolución de los jueces».
