Cada paso que se avanza en el caso Novo Carthago supone un paso atrás para las aspiraciones de Pilar Barreiro para repetir por sexta vez consecutiva como candidata a la Alcaldía de Cartagena. El Tribunal Supremo asestó este lunes un nuevo varapalo a la regidora cuando apenas quedan cuatro meses para las elecciones municipales y el PP tiene que elegir a un candidato que compita por el bastón de mando del Palacio Consistorial.
El alto tribunal del Estado hizo público un auto en el que comunicó que investigará a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del PP por Murcia, Pilar Barreiro, en relación con el caso Novo Carthago, relativo a una posible corrupción urbanística.
El Supremo ha decidido abrir un procedimiento para continuar con la investigación de los hechos recogidos en la exposición razonada que el juez instructor del caso en Murcia, Manuel Abadía, elevó ante el Supremo por la aparición de posibles indicios contra la diputada.
El fiscal informó en el mes de noviembre pasado a favor de admitir el asunto, porque la persona afectada es diputada y, por tanto, aforada ante el alto tribunal, y porque podría existir un delito de prevaricación. El Supremo ha aceptado ese criterio y ha nombrado instructor del asunto al magistrado José Soriano Soriano.
La supuesta prevaricación administrativa se habría cometido con la modificación del plan general de ordenación urbana de Cartagena para permitir la urbanización de terrenos protegidos por su valor ecológico y ubicados junto al Mar Menor.
El alto tribunal deberá ahora estudiar si efectivamente existen indicios para pedir al Congreso el suplicatorio con el fin de encausar a Barreiro, abrir una investigación en la que esté imputada y, eventualmente, juzgarla.
En su auto, los magistrados de la Sala del alto tribunal afirman que tanto el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) como el fiscal han apreciado un posible delito de prevaricación en la conducta de la alcaldesa y diputada.
«El delito podría haberse cometido al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria en función de intereses particulares», dicen los jueces. El proyecto de Novo Carthago contemplaba la construcción de un gran complejo residencial de lujo con diez mil viviendas, hoteles y campos de golf.
El resto del procedimiento, el que no afecta a ningún aforado, continuará en el TSJ de Murcia. Cabe recordar que están imputados por este caso el actual delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana; el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; el exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués; o el vicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén, entre otros.
Por su parte, la oposición volvió a arremeter contra la alcaldesa. Izquierda Unida-Verdes (IU-V)pidió «la inmediata marcha de Pilar Barreiro de la Alcaldía» tras conocer la decisión del Supremo de investigar la supuesta trama de corrupción urbanística de Novo Carthago. «Le pedimos al PP en Cartagena que, por decoro, provoque la sustitución de Barreiro, bien por su renuncia personal o porque sus propios compañeros en la corporación antepongan el buen nombre de Cartagena a una mal entendida disciplina», indicaron desde IU-V.
Para Cayetano Jaime Moltó, coordinador local del partido, que está personada en la causa como acusación, «con esta resolución del Supremo queda claro que no nos encontrábamos ni ante un fiscal con manía persecutoria al PP ni con un juez excéntrico en Murcia».
Asimismo, Movimiento Ciudadano (MC) consideró ayer que la alcaldesa «debería despedirse de la ciudad y dimitir si le queda dignidad y Cartagena le importa». El concejal del partido, José López, señaló que acoge con «esperanza y cautela» la decisión del Alto Tribunal, ya que su partido lleva años denunciando que Barreiro y el Gobierno municipal «no cumplen la ley en muchas cuestiones».
López opinó que «los indicios de delito son mayores en otras actuaciones u omisiones de Barreiro, como el caso Puerta Nueva o el concurso del puesto de interventor», y mostró su cautela «por la lentitud de la justicia, a la que PP y el PSOE llevan años contribuyendo». El edilcriticó también que la alcaldesa anuncie que declarará voluntariamente ante el Supremo, «algo que pudo hacer un año antes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia».
La alcaldesa solicitará acudir a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, ya que tiene «la absoluta certeza de que la investigación abierta reconocerá la rigurosa legalidad de los trámites seguidos por el ayuntamiento de Cartagena» en la modificación nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana, en la urbanización y la zona conocida como Novo Carthago.
Así lo comunicó la propia Barreiro, quien considera que la apertura del procedimiento por parte del Supremo para investigar un supuesto delito de prevaricación administrativa, le va a permitir demostrar su inocencia y «el rigor legal y administrativo con el que se llevó a cabo la modificación del Plan General». La alcaldesa mostró su «disposición absoluta» a colaborar en la investigación, y anunció que se va a personar en la causa y solicitará al juez acudir a declarar voluntariamente. Una postura que ya le recomendó el magistrado de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, cuando estudió el caso el pasado verano.
La alcaldesa Barrerio recurrió a la web del ayuntamiento de Cartagena para emitir el comunicado en el que reitera su inocencia y anuncia que quiere declarar de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo. Hasta ahora, la regidora municipal, había respondido a las decisiones del juez y del fiscal bien a través de sus abogados, José Pardo Geijó y Raúl Pardo Geijó, bien ante las preguntas de los periodistas en actos a los que ha asistido, pero ayer se decantó por la vía de la página web del Consistorio.
