«No se han agotado todas las líneas de investigación». Así de rotundo se mostró ayer el letrado Mariano Bo, que defiende a uno de los seis policías nacionales en prisión acusados de matar a Diego Pérez Tomás, de 43 años con problemas mentales y drogodependencia, hace siete meses. Y es que, aunque la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, aún no ha levantado el secreto de sumario -la previsión es que lo haga hoy-, las defensas dirigidas por Raúl Pardo Geijo, Juan Francisco Pérez Avilés, Vicente Sanmartín y Salvador Román, junto al mencionado Bo, señalaron que se pusieron en marcha investigaciones sobre vecinos del barrio Virgen de la Caridad, conocido como Las Seiscientas, de donde era la víctima, que sacan a la luz sospechosos e hipótesis que no han agotado su investigación.

Así, los letrados señalaron que hay llamadas a la Policía donde ponen el foco de la sospecha en personas sobre las que no conocemos toda la investigación y que podrían ser todavía sospechosos por las amenazas que Diego afirmó que le habían realizado la misma noche de los hechos. Incluso las defensas indicaron que estos sospechosos pudieron aprovechar el revuelo de la Policía para tomar represalias hacia la víctima una vez que ésta regresó a su domicilio desde Cala Cortina.

También, el letrado Pardo Geijo señaló que «hay actuaciones que no se han llevado a cabo en la instrucción y que creo que son de vital importancia, como ver en el repetidor de telefonía móvil donde se sitúa a la víctima los demás teléfonos que aparecen y si alguno de ellos pudo ser el autor de los hechos o alguna de las personas que Diego afirmaba que le perseguían cuando llamó a la Policía». Asimismo, el abogado insistió en «esperar al informe de la autopsia para saber si la muerte la provocó un golpe o fue por ahogamiento en el mar».

Asimismo, Pérez Avilés confió en poder disponer del sumario cuanto antes para que no se produzca indefensión por parte de los policías, que desde la noche del miércoles se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tal y como lo decretó la jueza tras escuchar sus declaraciones durante más de ocho horas.

Los abogados defensores insisten además en que las declaraciones de los acusados se produjeron de forma espontánea y coherente, con grandes similitudes, pese a que los seis agentes estuvieron en todo momento incomunicados desde su detención, el pasado lunes, tras la investigación puesta en marcha desde la propia Comisaría de Cartagena, que dio traslado de sus sospechas a la unidad de Asuntos Internos de Madrid y que supuso la instalación de escuchas en los radiopatrullas, ya que los imputados pertenecen a este servicio policial.