Muerte violenta con sospecha homicida. Así es como cataloga el Instituto de Medicina Legal de Murcia el fallecimiento de Diego Pérez, de 43 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Cala Cortina el pasado mes de marzo y cuya muerte, presuntamente, habría tenido detrás a seis policías nacionales que desde el pasado miércoles permanecen en prisión provisional por los hechos tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena.

Y es que, según el informe forense, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, tras decretarse ayer levantado el secreto de las actuaciones, desvela que el cuerpo de Diego presentaba «signos de violencia en región facial y craneal», así como «destrucción de centros neurales superiores por fractura-luxación de múltiples vértebras cervicales».

Asimismo, el documento científico precisa que tales lesiones se produjeron «con fuerza corporal» y que la muerte «sobrevino con anterioridad a la inmersión del cuerpo en el mar». De igual forma, las diligencias de la investigación especifican que el cadáver «no mostraba signos de haber sido lastrado, si bien sí presentaba múltiples lesiones postmortem consecuencia del arrastre del cuerpo en el fondo marino, sin que se haga ninguna referencia expresa a grandes lesiones postmortem fruto de alguna posible contusión lo que en principio descartaría el hecho de que el cuerpo fuese arrojado desde una zona de acantilado».

De hecho, los investigadores solicitaron un informe al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria sobre la interacción del cadáver y el mar, con el objetivo de conocer dónde había sido arrojado el cuerpo y qué acción pudo provocar el mar en el mismo. Según dicho informe, «con muy alta probabilidad, el cuerpo fue arrojado al mar el día 11 de marzo de 2014, en la propia Cala Cortina o en algún otro punto cercano de la misma, entendiendo como tal cualquier punto de los acantilados de la bahía que comprende la playa, el puerto y los acantilados al sur de la misma».

Las actuaciones derivadas del proceso revelan, de igual forma, por medio de testigos y de cámaras de tráfico, que los tres coches patrulla con los seis imputados se encontraban en la zona cuando desapareció Diego. Esta línea de investigación, abierta tras la declaración de un vecino del barrio del fallecido que forma parte de la causa como testigo protegido, abrió una nueva hipótesis de los hechos, ya que una primera vía fue investigar a unos vecinos molestos con la víctima por el robo de unas bicicletas.

Según las actuaciones, tras tomar declaración a los vecinos sospechosos en su momento, los investigadores descartaron su vinculación al caso al comprobar como hablaron con Diego y su hermano Manuel sobre por qué el primero les había robado las bicicletas, reconociendo la víctima que aquel día iba colocado. No obstante, asumió su culpa y les señaló que cuando cobrara la pensión les entregaría 60 euros, por lo que el tema quedó zanjado.

También se encuentra explicación en la investigación a la sangre aparecida en la entrada del edificio donde vivía Diego y que en un primer momento se pensó que pudiera ser de él. En este caso, los vecinos del inmueble señalaron que en días anteriores a la desaparición del fallecido un residente en el bloque, un tal 'Chirrín', se peleó con otro hombre, conocido como 'Zajara' y ambos se provocaron lesiones que ocasionaron las manchas de sangre en la entrada del edificio.

Asimismo, los propios vecinos, que eran sospechosos, fueron los que avisaron sobre la desaparición de Diego a su familia.