La titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena ha decretado prisión provisional incomunicada y sin fianza para los seis policías nacionales detenidos el lunes por la muerte el pasado marzo de Diego Pérez, el vecino de 43 años de Las Seiscientas, cuyo cadáver fue encontrado en aguas de Cala Cortina dos semanas después de su desaparición.

Los seis policías, residentes en la ciudad portuaria y de la escala básica, compartían turno en las llamadas patrullas Zeta de la comisaría de Cartagena, y fueron investigados por agentes de asuntos internos y de la policía judicial de Murcia y Cartagena después de que un testigo situara a la víctima en un coche policial la noche en que desapareció.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que esta decisión se ha adoptado a petición del ministerio fiscal, dada la gravedad de los hechos y lo elevado de las penas que podrían ser impuestas, y para evitar que se destruyan pruebas, ya que la investigación está todavía en una fase incipiente.

Según fuentes de la investigación, los detenidos pudieron extralimitarse con la víctima y "se les pudo ir la mano".

Los policías han permanecido hasta hoy en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en celdas incomunicadas, y han negado en todo momento su participación en los hechos, según fuentes cercanas a la investigación.

Esta defensa de su inocencia también la han planteado en declaraciones a los periodistas algunos abogados que les representan, que han pedido que se levante el secreto de las diligencias decretado por la jueza.

El abogado Raúl Pardo Geijo, defensor de uno de los agentes detenidos, ha dicho que cree en la inocencia de su cliente por el contenido de su declaración judicial, por la información que le ha aportado a él, y porque no ha habido contradicciones entre su testimonio y en el del resto de policías acusados.

Según este letrado, en esta jornada se han escuchado grabaciones y se han conocido otras pruebas periciales recabadas por la policía durante la investigación, que reafirman el testimonio de inocencia de su cliente.

En el mismo sentido, otro de los abogados que asisten a los acusados, Juan Francisco Pérez Avilés, ha dicho a los periodistas que su cliente niega que hubieran matado a la víctima y que hubiera sido arrojado al mar, como afirma la policía.

El fallecido, vecino del barrio de la Virgen de la Caridad, conocido popularmente como "Las Seiscientas", había denunciado ante la policía, días antes de su desaparición, que estaba recibiendo amenazas de sus vecinos, y su cuerpo apareció flotando en Cala Cortina, el 25 de marzo, con heridas en la cabeza producidas antes de la muerte, según el informe policial.

Entonces, se abrió una investigación policial y se instalaron sistemas de escucha y grabación ocultos en tres coches patrulla, que fueron denunciados por la Unión Federal de Policía (UFP) a finales de septiembre y que a principios de octubre han llevado a la detención de los seis agentes.

Vecinos del fallecido, en su mayoría mujeres y niños, han aguardado esta tarde a las puertas de los juzgados de Cartagena la decisión de la jueza, y han pedido que esta muerte no quede impune.